El proyecto anterior planteaba el ingreso del Estado como operador de telecomunicaciones, que fue uno de los puntos más rechazados. Además, se plantearon dudas sobre las funciones asignadas al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) y al Organismo Supervisor de la Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel).
En la nueva versión, no se plantean empresas públicas de telecomunicaciones y se remarca la vigilancia de la libre competencia y la sanción de conductas anticompetitivas. Además, expresa que la función de Pronatel será la de administrar el fondo de las telecomunicaciones (FITEL), que garantizará el servicio en distintos sitios.