martes, noviembre 29, 2022
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Perú | ¿Por qué hay tantos cables en los postes y nadie hace nada?

Cables eléctricos y de telecomunicaciones enredados y abandonados alertan de trágicas consecuencias para la vida de los habitantes de los distritos de Lima y del Perú. De haber una falla en estas infraestructuras cercanas, la electricidad podría dañar a las personas que están usando el teléfono, advierte especialista del Colegio de Ingenieros del Perú.

La República

Sobre las entrañas del centro histórico de Lima y distritos adyacentes a la comuna, una vista árida de marañas de cables eléctricos y de telecomunicaciones colgantes oscurece la capital y acecha a diario con desencadenar trágicas consecuencias para la vida de la población. En tanto, los vecinos, sus calles, casas y centros comerciales quedan vulnerables a accidentes por descargas eléctricas, caídas de postes, incendios de gran magnitud y contaminación visual. 

Estos peligros estructurales reflejan no solo la informalidad, sino también la falta de fiscalización de los entes reguladores del Estado y el rol de las concesionarias para evitar cualquier desastre. Por su parte, la Defensoría del Pueblo reportó que el mal estado de postes y cableado pone en riesgo a la ciudadanía, como lo dejó ver en el Cercado de Lima La Victoria. Sin duda, el panorama más crítico se presenta en Mesa RedondaMercado Central y el emporio de Gamarra.

En entrevista para La República, el ingeniero electricista Luis Arellán Yanac, del Colegio de Ingenieros del Perú (CIP), advirtió: “Lo grave es que cuando hay una falla en las redes eléctricas —y si el sistema de telefonía está muy cerca, pegado o enmarañado— puede transmitir corriente que puede descargar en las personas que están usando el teléfono. Y el otro problema es la contaminación visual”.

¿Qué entidad debe fiscalizar el retiro de cables?

El especialista del CIP explicó que, a pesar de que “el ‘Código nacional de electricidad’ dice expresamente que debe haber una separación entre los cables eléctricos y de telecomunicaciones (sección 23, ‘Distancias de seguridad’)”, el Osinergmin solo “tiene la facultad de supervisar y fiscalizar las instalaciones eléctricas de las (concesionarias), mas no las de telecomunicaciones, que le corresponde al Osiptel”. No obstante, “las municipalidades tienen una potestad sancionadora y función de supervisión”.

Entonces, entre las empresas reguladoras, “hay un vacío legal. Si uno va a la empresa de la telefonía a reclamar, por ejemplo, el levantamiento de un poste caído, no lo levantan porque no hay una entidad supervisora que fiscalice eso. El Osiptel no tiene esas facultades, pero sí las municipalidades”, detalló.

Por su parte, el ingeniero electricista Juan Cayetano, especialista en soluciones industriales y media tensión, incidió en que esta problemática se debe a la falta de planificación y fiscalización para el cumplimiento del “Código nacional de electricidad” y las normativas correspondientes ante el “crecimiento de las familias, viviendas y construcciones” de forma vertical en la ciudad.

Cayetano también cuestionó “cómo se ha venido realizando el mantenimiento de estas redes de distribución”, ya que “las concesionarias son quienes deberían darle prioridad; y las municipalidades, en conjunto con Osinergmin, son los entes que deben fiscalizar que todo se cumpla”, añadió.

Luego de revisar la “Ley para el fortalecimiento de la expansión de infraestructura en telecomunicaciones”, su modificatoria (Ley 30228), el Reglamento de la Ley 29022, el artículo 5 de la Ley 29022 y el artículo 79 de la Ley 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, la competencia para autorizar la instalación y solicitar el retiro de este tipo de infraestructura —que incluye “cables”— es de las municipalidades, así como la supervisión y fiscalización.

Por ello, como parte del recorrido que realizó La República en el centro de la capital, se consultó a la Municipalidad de Lima sobre sus gestiones para retirar las marañas de cables eléctricos y de telecomunicaciones en las zonas de su competencia para la recuperación del centro histórico de Lima y el diseño urbanístico. De igual manera, se contactó al OsinergminLuz del Sur y Enel.

¿Más cables aéreos que subterráneos? ¿Por qué?

“Lo que pasa es que en 1992, cuando se privatizaron las empresas eléctricas, se aplicó el sistema económicamente adaptado. Es decir, para las (concesionarias) es más rentable el uso de sistemas aéreos que los subterráneos, ya que también son más fáciles de detectar los robos de energía eléctrica”, describió el ingeniero del CIP.

“Para ellos es más económico hacer redes aéreas que las subterráneas. Y eso lo permite la Ley de Concesiones Eléctricas: las empresas eléctricas están obligadas a instalar sistemas económicamente adaptados. Instalar una red subterránea es casi dos o tres veces más caro que (colocar) una aérea”, informó el especialista.

A su vez, el ingeniero electricista Cayetano detalló que “mientras más cable y más resistencia mecánica hay, se genera más tensión en los postes”; sin embargo, “las concesionarias prefieren abaratar costos, ya que a veces las líneas aéreas son más económicas”, añadió.

Contaminación por cables aéreos en desuso o mal estado: ¿qué hacer?

Si bien el Proyecto de Ley 109/2021-CR busca que las empresas de telefonía y electricidad tengan que retirar los cables aéreos en desuso o mal estado en menos de 24 meses y señala como responsables de la labor de supervisión a las municipalidades provinciales y distritales, el retiro de cables de las empresas “involucra la intervención de no solo el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), sino también de los organismos técnicos reguladores, tales como Osiptel y Osinergmin, por ejemplo”.

Así lo previene la asociada senior de Hernández & Cía. Natalia Gallardo, especialista en infraestructura y construcción, en un artículo para el portal Link Empresarial, el mismo que permitió referenciar para este trabajo periodístico. “La participación de los organismos reguladores resulta indispensable desde el punto de vista técnico, dado que ellos (…) están en capacidad de determinar cuándo el cableado debe ser retirado y/o sustituido. Dichos organismos son los encargados de determinar si estas labores implican costos adicionales para los concesionarios y/o usuarios”.

“Nuestro marco legal obliga al retiro del cableado en desuso y, a la vez, determina qué entidades deben supervisar dichas labores. Lo que en realidad se requiere es analizar por qué no se cumple con esas obligaciones y qué hace falta para contar con una supervisión eficaz en materia ambiental y regulatoria”, recomendó Gallardo Garrath.

Por otra parte, la Defensoría del Pueblo advirtió que el problema de las marañas de cables “no puede erróneamente ser circunscrito solamente a su dimensión ambiental”.

“Las competencias en materia de instalación, mantenimiento, reposición, reordenamiento, reubicación y retiro de la infraestructura empleada para la prestación de los servicios de telecomunicaciones y de electricidad deben ser atribuidas a Osiptel y Osinergmin, respectivamente, incluyendo los plazos para el desarrollo de dichas acciones, y no a los Gobiernos locales, cuya posibilidad de intervención es mínima”, explicó.

¿Qué alternativas desarrollar?

Los ingenieros electricistas Juan Cayetano y Luis Arellán coincidieron en que se tiene que liberar los cables en desuso y apostar por la instalación de líneas subterráneas para tener una ciudad limpia, sin contaminación visual y sin riesgo eléctrico para el bienestar de la población.

Asimismo, Moisés Valencia, especialista en sistema y seguridad electrónica y vocero de Tgestiona, empresa de facility management, se inclinó por una planificación oportuna para la fiscalización antes que la sanción a las concesionarias debido a las “limitaciones de las municipalidades” en comparación con “la capacidad de los organismos reguladores, como Osinergmin y Osiptel”.

“Hay que analizar los efectos colaterales, posicionamiento de viviendas, riesgos eléctricos, antigüedad, historial de empresas, instaladores de cables, dónde se ubican, cómo se conectan o conviven los cables de luz y de telecomunicaciones”, recomendó.

“A nivel técnico, definitivamente, la municipalidad no tiene la capacidad para poder fiscalizar y supervisar este tipo de trabajos (…). Estamos hablando de un trabajo de alto riesgo para las desinstalaciones y retiro. También se puede recurrir a organismos que están al frente del medioambiente que pueden ayudar a esta fiscalización”, finalizó.

DPL News
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