La República Christian Alcalá
Desde hace más de 15 años, Telefónica mantiene una disputa con el Estado peruano sobre cuestiones tributarias, las cuales se encuentran en diversas instancias como Tribunal Fiscal, el Poder Judicial e incluso el Tribunal Constitucional.
De acuerdo con la Sunat, la deuda actualizada que mantiene la empresa de telecomunicaciones superaba los S/5.450 millones al 2 de mayo de este año.
Frente a esta disputa, el presidente de la república, Pedro Castillo, sorprendió al revelar que la propia compañía le habría expresado su intención de honrar el pago. Sin embargo, en un par de horas, Telefónica emitió un comunicado y solo atinó a expresar que “tiene la mejor predisposición para resolver este asunto, y respetará lo que dispongan las instituciones competentes”.
¿Cuáles son los procesos judiciales?
En la memoria anual 2021 que Telefónica remitió a la Superintendencia de Mercados de Valores (SMV), se describen los principales procesos judiciales, administrativos y arbitrales en los que participa la transnacional.
A detalle, se específica que tiene un proceso por el impuesto a la renta (IR) del ejercicio fiscal de los años 1998, 1999, 2000, 2001, 2004. Así como por los pagos a cuenta del ejercicio fiscal 2000.
También detalla procesos por el IR e impuesto general a las ventas (IGV) del ejercicio fiscal 2002, así como disputas del 2003 al 2010, por los mismos conceptos, entre otras controversias, a las cuales también se les suma aquellas controversias de empresas que fueron absorbidas por la transnacional.
Asimismo, en opinión de la administración de Telefónica del Perú y sus asesores legales, “existen razonablemente argumentos jurídicos para estimar que la mayoría de los procesos y procedimientos podrían resolverse en términos favorables para la compañía”, refiere el mismo documento.
Larga espera
De acuerdo con varios expertos consultados por La República, estas controversias tributarias son complejas y, por lo general, suelen tardar años para que se tenga un fallo final, considerando además que tanto la Sunat o la empresa pueden apelar la resolución.
Raúl Odría, profesor de ESAN Business Law, indica que el monto en disputa no es exigible, por lo tanto, la empresa no está en la obligación de realizar estos pagos hasta que se tenga un veredicto final.