Perú busca sustituir casetas de telefonía pública por cobertura de Internet de banda ancha

El 55% de los teléfonos públicos en el país están en desuso, por lo que el gobierno permitirá a los operadores sustituir sus obligaciones de mantenerlos en operación por cobertura de Internet de banda ancha.

Un nuevo proyecto normativo busca reencauzar los esfuerzos de conectividad en Perú, permitiendo a los operadores de telecomunicaciones sustituir sus obligaciones con la prestación del servicio de telefonía pública por la cobertura de Internet de banda ancha.

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) publicó el proyecto de decreto que aprueba el Reglamento de la Ley para el Fomento de un Perú Conectado, en el cual establece las disposiciones para el reemplazo de dichas obligaciones.

Dado que la población utiliza cada vez menos los teléfonos públicos, la intención del gobierno es que la conectividad se mueva hacia el servicio de Internet, que manifiesta una mayor demanda.

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Caseta de telefonía pública en Lima, Perú. Foto: DPL News

Los operadores podrán sustituir sus obligaciones de telefonía pública por el Internet de banda ancha en centros poblados rurales o de preferente interés social, y en caso de que el teléfono público que se vaya a quitar tenga un tráfico promedio menor a tres minutos diarios durante el último año.

En su lugar, podrán proponer al MTC proyectos de nuevas obligaciones contractuales que propicien la reducción de la brecha de acceso a Internet, expandan los servicios de voz y banda ancha, y cuyos costos de implementación, operación y mantenimiento sean iguales a los de la telefonía pública.

Al menos el 55 por ciento de los teléfonos públicos en el país se encuentran en desuso, según datos del Ministerio.

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Con este cambio, el gobierno plantea la necesidad de la actualización tecnológica y de aprovechar las obligaciones de cobertura de los concesionarios de telecomunicaciones para desplegar servicios que necesita la población.

Además, el proyecto de reglamento establece la forma en la que el gobierno definirá los centros poblados calificados como áreas rurales o lugares de preferente interés social para el desarrollo de servicios públicos de telecomunicaciones.

El decreto señala que el MTC, el Programa Nacional de Telecomunicaciones (Pronatel) y el Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel) deben contar con información exacta y actualizada sobre los centros poblados para guiar su toma de decisiones.

Por esa razón, se creará un Listado Oficial de Centros Poblados, el cual se actualizará periódicamente (cada dos años) y excepcionalmente cuando lo amerite.

Será una nueva comisión la encargada de elaborar dicho listado. El decreto indica que esta comisión especial se conformará por diferentes funcionarios del Ministerio, Osiptel, Pronatel y el Instituto Nacional de Estadística e Informática.

La comisión también podrá convocar a invitados de la sociedad civil, instituciones académicas y de investigación, empresas, organizaciones no gubernamentales, gobiernos regionales y locales y a otros representantes de interés.

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El trabajo de la comisión será desarrollar el listado, recabar la información necesaria, proponer actualizaciones, plantear correcciones de datos y evaluar consultas referidas al listado.

Por otro lado, el reglamento que busca aprobar el MTC contempla disposiciones sobre el alcance de la obligación de velocidad mínima garantizada para las conexiones de banda ancha fija y móvil.

El documento detalla que la velocidad mínima garantizada será exigible únicamente para aquellas conexiones de acceso a Internet comercializadas como Internet de banda ancha móvil o fija.

Lo anterior, según el proyecto de decreto, brindará mayor predictibilidad acerca de los parámetros de aplicación de la normativa de velocidad mínima, una ley que ha sido muy polémica en Perú debido a que los proveedores de servicios advierten que garantizar un parámetro mínimo de rapidez no sólo depende de ellos mismos, sino de múltiples factores como la falta de energía eléctrica o las condiciones geográficas.

La iniciativa de decreto estará abierta a consulta pública hasta finales de este mes de abril. El Ministerio publicará una versión final luego de procesar los comentarios de las partes interesadas.

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