Paraguay promulga ley que crea agencia de protección de datos personales y refuerza la privacidad ciudadana
El Poder Ejecutivo promulgó la ley 7593/2025 “De Protección de Datos Personales en la República del Paraguay”, cuyo objetivo es garantizar el uso responsable de la información personal de todos los ciudadanos.
El gobierno informó que, a través de esta ley, fortalece la protección de derecho a la intimidad, la privacidad y el tratamiento adecuado de los datos personales y se alinea a los estándares internacionales en la materia, como las mejores prácticas reconocidas por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
La ley estipula que ninguna empresa o institución, pública o privada, nacional o extranjera, podrá tratar los datos sin una base legal establecida, y brindará una protección reforzada a la información de niños, niñas y adolescentes.
Mediante este hecho, también se creó la Agencia Nacional de Protección de Datos Personales, una unidad desconcentrada del Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (Mitic) con autonomía funcional, que será la encargada de supervisar el cumplimiento de la ley, atender consultas y denuncias y emitir lineamientos para el correcto tratamiento de los datos.
Digitalización y ecosistema digital
El gobierno paraguayo enfatizó que, en un contexto de creciente digitalización, la nueva norma fija reglas claras sobre cómo se deben recolectar, procesar y compartir los datos, y evitar así abusos como las filtraciones, el robo de identidad y el uso indebido de información con fines discriminatorios o comerciales sin la autorización del titular.
No obstante, aclaró que, mediante esta promulgación, fortalece su ecosistema digital al “brindar mayor certidumbre jurídica a empresas, emprendedores e inversionistas” y posiciona a Paraguay dentro del grupo de países que “protegen de manera efectiva los derechos digitales y promueven un desarrollo tecnológico seguro, confiable y centrado en las personas”.
La ley también contempla mecanismos gratuitos para ejercer derechos como acceso, rectificación, oposición, supresión y portabilidad de datos, lo cual incluye la posibilidad de revocar el consentimiento en cualquier momento. Asimismo, exige medidas de seguridad, transparencia y privacidad desde el diseño para garantizar una gestión responsable de los datos.
Información pública y transparencia
Tras la promulgación, el Ejecutivo recalcó que todas las disposiciones relativas a la divulgación de información vinculada a funcionarios públicos, uso de recursos estatales, remuneraciones, declaraciones y otros datos considerados públicos se mantienen íntegras y plenamente vigentes, sin ninguna modificación.
“En consecuencia, la ciudadanía continuará ejerciendo de manera plena el control del gasto público y el acceso a toda la información que la legislación vigente clasifica como pública”, asentó, por lo que arguyó que la nueva ley no constituye un retroceso en materia de transparencia, “sino un avance complementario que convive en absoluta armonía con el régimen de acceso a la información pública”, concluyó.