Paraguay | Conatel maniobra G. 3 mil millones en software para oficina jurídica

La Nación

Un cuestionado proceso licitatorio para adqui­sición de software para departamentos jurídicos fue adjudicado por la Comisión Nacional de Telecomunica­ciones (Conatel) compro­metiendo G. 2.999.500.000 a pocos días de cerrar el año. Esto se dio en medio de obje­ciones a la primera convocato­ria que fue impugnada, la con­vocante decidió realizar otro llamado para el mismo fin, aumentando el monto de inver­sión, y a pesar que la modalidad utilizada fue por subasta a la baja electrónica se quedaron con la oferta más cara.

El 20 de diciembre del 2022 se firmó el contrato entre Conatel y la empresa H&B Trading SA, que tiene como representantes legales a Ros­sana Ocampos Ortiz, Clau­dia Esquivel de Ocampos y Jimena Villamayor. Pero, este proceso sería el duplicado de uno anterior cuyas diligen­cias administrativas aún no habían sido finalizadas.

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La Conatel realizó dos lla­mados, el primero de ellos por la modalidad de licita­ción pública nacional (LPC) publicado el 4 julio del 2022 donde el presupuesto previsto era de G. 2.763 millones. Sin embargo, según las denuncias de manera supuestamente arbitraria la convocante deci­dió declarar desierto el pro­ceso y en paralelo realizar otra convocatoria vía subasta a la baja electrónica y presu­puestando G. 3 mil millones.

El segundo llamado se realizó el 17 de octubre del 2022 y se estableció para el 27 de octu­bre del 2022 el inicio de puja de propuestas, “no habiendo quedado firme aún el proceso que impugnamos, la Convo­cante decidió iniciar e impul­sar un nuevo llamado, con idén­tico objeto…”, señala una de las denuncias presentadas por la firma Cybira Consulting ante el portal de la Dirección de Con­trataciones Públicas (DNCP).

Otro dato no menor es que para este segundo proceso se esta­blecieron en el pliego de bases y condiciones criterios que al que al parecer hacían que sea un proceso direccionado, puesto que la misma DNCP señala que “verificado el PBC/ carta de invitación se observó que el criterio respecto a la experiencia podría resultar limitante/excluyente”.

Y como si fuera poco, ante las varias protestas y observacio­nes realizadas, Contrataciones Públicas recomendó que como medida de prudencia adminis­trativa se suspenda la continui­dad del procedimiento licitato­rio o de la ejecución contractual en su caso en atención a lo esta­blecido en el artículo 83 de la Ley Nº 2051/2003 que indica que como consecuencia de una pro­testa se podrá resolver la nuli­dad del acto o actos irregulares estableciendo, cuando proceda, las directrices necesarias para que el mismo se reponga con­forme a la ley; o la nulidad total del procedimiento.

Sin embargo, seguidamente el ente encargado del velar por los procesos licitatorios remarca que la autoridad con­vocante es responsable del llamado, puesto que el ofre­cimiento o la presentación de la caución no implican la obligación por parte Contra­taciones Públicas de disponer la suspensión del proceso, que claramente Conatel continúo hasta su adjudicación.

MÁS CARA

Según los documentos obran­tes en el portal de Contrata­ciones Públicas, la Conatel adjudicó la oferta más cara del segundo proceso en el que solamente se presentaron dos firmas, la adjudicada H&B Trading SA cerró el contrato por G. 2.999.500.00, y Digi­taliza SA, cuya oferta fue de G. 2.990.000.000, aproxima­damente G. 9.500.000 menos, fue desestimada.

Incluso hay otra diferencia aún mayor, pues la convocante había solicitado justamente a H&B Trading SA precios refe­renciales conforme a las espe­cificaciones técnicas, y según el documento la respuesta fue de G. 2.935 millones, lo que ya da una diferencia de G. 64 millones menos a la oferta presentada y adjudicada.

SOSPECHAS

Esta maniobra por parte de la Conatel para cerrar un millo­nario proceso de adquisición de software para la gerencia de Asesoría Legal generó varios cuestionamientos también al interior de la institución, donde señalan supuestamente que uno de los principales interesados en el llamado fue el director Richar Estanislao Gómez Caballero.

Gómez supuestamente habría sido el articulador de llevar adelante a tambor batiente la convocatoria duplicada, maniobrar para que se lle­gue a la adjudicación y pos­terior firma de contrato. Al parecer, este director realizó lobby ante la DNCP para que la propuesta más cara sea la adjudicada, descalificando la segunda oferta a pesar de que la modalidad del proce­dimiento fue por subasta a la baja electrónica, y que final­mente se emita el código de contratación, obviando las varias protestas en curso.

Según publicaciones periodís­ticas, Richar Gómez es uno de los “ahijados” de la ex legisla­dora María Digna “Mami” Roa con mucho peso en Conatel. También se lo cuestionó por ser una persona del oviedismo, que incluso pasó ocho meses en prisión por el magnicidio de Luis María Argaña hasta que fue sobreseído.