El senador Rubén Velázquez lideró la audiencia pública en la que se socializó el proyecto de Ley “Que regula la facturación de servicios de telecomunicaciones durante la suspensión por mora y protege a los usuarios de cobros abusivos”.
Fuente: Senado de Paraguay
Durante su intervención, el legislador, principal impulsor de la propuesta, explicó que la iniciativa surge a partir de un estudio y análisis legislativo sobre estas situaciones, ante la existencia de un vacío legal. Señaló que, de acuerdo con denuncias recibidas, muchas compañías telefónicas continuaban facturando y acumulando deudas con intereses por mora, incluso en casos en los que los usuarios solicitaban la suspensión del servicio.
“Existen diversos motivos por los cuales se solicita la suspensión: problemas familiares, desempleo, dificultades económicas o de salud. En esas circunstancias, las deudas se acumulan injustamente. Si no pudiste pagar en julio, no corresponde que también te cobren agosto. Solo debería cobrarse hasta el mes que utilizaste el servicio”, expresó el senador Velázquez.
El senador José Oviedo, cofirmante del proyecto, manifestó que también fue víctima del sistema de sobrefacturación y expresó su total respaldo a la propuesta. Del mismo modo, el legislador José Ledesma manifestó su apoyo, destacando que “muchas personas, especialmente del interior del país, se ven afectadas, por lo que es fundamental respaldar esta iniciativa que busca proteger a los usuarios y prevenir nuevas injusticias”.
A su turno, el senador Ignacio Iramain también se sumó al respaldo del proyecto, afirmando que “las telecomunicaciones se han convertido en un derecho humano y deben ser tratadas como tal”.
PRESENTACIÓN DEL PROYECTO
El asesor legislativo, abogado Víctor Gamarra, presentó el proyecto, que consta de nueve artículos y establece un marco regulatorio para los cobros en casos de suspensión por mora. Será aplicable a todas las empresas prestadoras de servicios de telefonía fija, telefonía móvil, acceso a internet y televisión por cable que operen en el territorio nacional, sin distinción de naturaleza jurídica ni volumen de clientes.
El profesional explicó que, si bien existen normativas emitidas por la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL) y disposiciones generales en la Ley de Defensa del Consumidor, estas no son específicas ni lo suficientemente claras para abordar este tipo de situaciones. “Este proyecto busca enfocar y regular expresamente estas prácticas de facturación”, señaló.
Indicó además que el artículo 7 del proyecto contempla sanciones como multas, suspensión temporal del servicio, y la devolución del monto cobrado indebidamente al afectado.
SUGERENCIAS Y APORTES
Durante la audiencia, el presidente de la Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO), Óscar Stark, propuso introducir ajustes al proyecto, en línea con las prácticas ya implementadas por la empresa estatal. “En COPACO, cuando un cliente presenta un reclamo por mal funcionamiento de la línea, se interrumpe la facturación mientras no se utiliza el servicio”, explicó.
A su turno, el ciudadano Gustavo Rodríguez celebró la iniciativa en defensa de los derechos del consumidor y del usuario. “Antes estos derechos no existían, y ahora se avanza hacia su consolidación. Antes solo había una línea en el barrio, luego en cada casa, hoy tenemos internet, celular y si no pagas te cortan, pero además te siguen cobrando, aunque no uses el servicio”, comentó.
Federico Osorio, representante de la Asociación de Cableoperadores del Interior, advirtió que la Ley de Telecomunicaciones ya contempla un régimen de protección al usuario, incluyendo aspectos relativos a la prestación del servicio. Sin embargo, señaló que persisten dificultades relacionadas con la aprobación de contratos. “Uno de los problemas es que dos empresas presentan el mismo contrato, pero solo se aprueba uno. Es CONATEL quien debería establecer un modelo único de contrato para cada servicio”, remarcó.
Todas las sugerencias serán recepcionadas y consideradas con miras a avanzar en una versión final del proyecto de ley que garantice una verdadera protección a los usuarios frente a estas prácticas abusivas y asegure su efectiva aplicación.
La actividad se llevó a cabo en la sala de sesiones del Congreso Nacional.