La entrada en vigor de la Ley 478 de 2025, que actualiza el marco penal contra la ciberdelincuencia en Panamá, marca un antes y un después para las empresas del país. La norma refuerza las sanciones por delitos informáticos y modifica el Código Procesal Penal, introduciendo obligaciones inéditas para el sector privado: desde la preservación de evidencia digital hasta la colaboración obligatoria con el Ministerio Público.
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