Uber nuevamente atraviesa un proceso judicial en California, pero esta vez no es por la controversia de cumplir con los derechos de sus conductores asociados, sino por negarse a transferir información detallada sobre agresiones sexuales ocurridas de 2017 a 2018 en ese estado.
En diciembre de 2019, como parte de su guía de seguridad, Uber publicó un informe de 84 páginas en el que reportó alrededor de 6 mil denuncias de agresión y acoso sexual en Estados Unidos en 2017 y 2018, incluidas 464 violaciones. Aproximadamente, una quinta parte de los abusos (1,243) ocurrieron en California.
De acuerdo con el fallo emitido por un juez de la Comisión de Servicios Públicos de California (CPUC), Uber deberá pagar 59 millones de dólares como multa, en un periodo de no más de 30 días.
Además, deberá ofrecer los datos sobre la fecha, la hora y el lugar de cada caso de agresión sexual denunciado, una descripción de las circunstancias que rodearon el incidente, y los nombres y la información de contacto tanto de los testigos como de “cada persona a quien se informó del delito. De lo contrario, Uber deberá suspender sus operaciones en el estado.
Sin embargo, la compañía de viajes privados tiene una postura clara para no revelar los datos: la primera es que considera que compartirlos sería atentar contra la privacidad de las víctimas, lo que podría provocar su revictimización y el abrir nuevamente episodios de trauma para las sobrevivientes; como segundo punto, Uber se opone por voluntad propia de las víctimas que se han negado a compartir sus datos, apoyadas por grupos de derechos como la Red Nacional de Violacion, Abuso e Incesto (RAINN).
“La inmensa mayoría de las víctimas de abuso sexual decidieron no reportar a la policía. Seguramente ellas no querrían que el órgano regulador pidiera información que ellas mismas han decidido explícitamente no compartir al estado”, señala un comunicado de RAINN.
La CPUC se ha comprometido a mantener la información en secreto y argumenta que los datos sirven al interés público al garantizar que los servicios se lleven a cabo de manera segura y al ampliar la comprensión pública del modelo de negocio de transporte compartido.
“La Comisión está totalmente en un error en esto y rechazaremos con fuerza los intentos que nos obligan a revelar datos confidenciales que puedan volver a victimizar a los sobrevivientes”, comentó Tony West, representante legal de Uber.
