El Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel) aprobó el 25 de diciembre de 2025 una norma que obliga a los operadores a dar de baja líneas y bloquear celulares vinculados a delitos en un plazo máximo de un día calendario, para frenar su uso delictivo.
La resolución (Resol. 000134-2025-CD/OSIPTEL) ordena a las empresas ejecutar la baja del servicio y/o el bloqueo del IMEI cuando lo soliciten autoridades competentes (Ministerio del Interior, Policía Nacional, Ministerio Público, Poder Judicial o INPE) y obliga a responder en un plazo máximo de un día calendario.
El procedimiento se articula a través del Registro Nacional de Equipos Terminales Móviles para la Seguridad (Renseteg). El Osiptel traslada la orden al operador por ese mecanismo. El dispositivo o la línea deberá reactivarse en un día calendario si la entidad competente solicita la reversión dentro de los 90 días siguientes.
Los operadores deben notificar al usuario el motivo, la fecha y los canales para formular objeciones.
La norma refuerza y hace operable el Decreto Supremo N° 018-2025-IN, publicado el 21 de noviembre de 2025, que estableció los lineamientos para la baja temporal de servicios y el bloqueo de equipos utilizados en delitos.
Ese decreto definió las entidades que pueden solicitar bloqueos y los mecanismos de verificación policial previos.
Desde abril de 2025, el Osiptel y el Ejecutivo han ordenado bloqueos masivos. En 2025 se han reportado más de 2.5 millones de equipos bloqueados por no figurar en la “lista blanca” del Renseteg.
Durante el estado de emergencia se registraron más de 650,000 equipos bloqueados y decenas de miles de solicitudes de suspensión por uso en extorsión y sicariato.
La Defensoría del Pueblo ha pedido al Poder Ejecutivo medidas que garanticen los derechos de usuarios cuyos equipos fueron adquiridos en el exterior o no fueron registrados por importadores, para que no se vean afectados por el despliegue del Renseteg.
Los operadores deberán procesar órdenes judiciales y administrativas con rapidez y sin errores. El regulador prevé sanciones por incumplimiento de plazos, falta de notificación o ausencia de reporte al Renseteg.
La norma acorta plazos y busca cerrar canales que alimentan el delito con servicios móviles.