Oi tiene la quiebra decretada, pero los servicios seguirán operando de manera provisoria
Justicia reconoce la insolvencia del grupo; PIMCO, controladora de Oi, continúa bajo investigación por indicios de gestión fraudulenta, mientras trabajadores reclaman salarios atrasados.
La jueza Simone Gastesi Chevrand, de la 7ª Vara Empresarial de Río de Janeiro, decretó este lunes 10 la conversión del proceso de recuperación judicial del Grupo Oi en quiebra. La decisión alcanza a Oi S.A., Portugal Telecom International Finance y Oi Brasil Holdings.
A pesar de la quiebra, la sentencia determina la continuidad provisoria de las actividades de la operadora, bajo la administración del gestor judicial, garantizando la prestación de los servicios hasta la transferencia a nuevos agentes.
La jueza aplicó el artículo 99, inciso XI, de la Ley 11.101/2005, permitiendo que la empresa siga operando temporalmente para evitar la interrupción de servicios esenciales.
Para ello, determinó el apartamiento de cláusulas de rescisión automática (ipso facto) en los contratos de la compañía, impidiendo que los proveedores suspendan o rompan servicios de forma unilateral durante el período de transición.
La decisión se produce tras la recomendación formal del gestor judicial, Bruno Rezende, presentada el pasado viernes 7, indicando insolvencia irreversible e incapacidad para mantener el flujo de caja mínimo necesario para la operación.
La posición se justifica por la amplitud y criticidad de las operaciones, que incluyen más de 4,600 contratos con el poder público, además de la presencia de la empresa en 7,400 localidades donde es la única operadora disponible.
La compañía también provee conectividad a aproximadamente 13,000 casas lotéricas de Caixa, que en muchas localidades funcionan como única infraestructura bancaria disponible para la población; y servicios al CINDACTA, responsable del control del espacio aéreo, ya transferido a Claro.
En hecho relevante divulgado el 7 de noviembre, Oi confirmó al mercado que, tras la decisión judicial del 31 de octubre que mantuvo el arresto de recursos, solicitó al juzgado el reconocimiento de la posible quiebra, debido a la imposibilidad de cumplir el plan de recuperación judicial y al agotamiento de la capacidad de generación de caja.
Según argumentó Rezende, la diferencia entre ingresos netos y costos llegó a -135% en octubre, comprometiendo la manutención mínima de las operaciones.
Indicios de fraude
Paralelamente, avanza en el Tribunal Regional del Trabajo de la 1ª Región un proceso de responsabilización patrimonial. En decisión del 7 de noviembre, la Justicia del Trabajo determinó el arresto de notas de crédito de PIMCO, señalada como controladora de Oi, al considerar que existen indicios de abuso de poder y vaciamiento patrimonial.
La decisión menciona elementos identificados por la Justicia empresarial, como la contratación de servicios jurídicos de alto costo, el pago de bonificaciones incompatibles con la crisis y la presentación de información patrimonial inconsistente, evaluados como señales de gestión fraudulenta. La medida impide la negociación de dichos títulos hasta nueva deliberación judicial.
La acción de la Justicia del Trabajo también abre camino para la desconsideración de la personalidad jurídica, permitiendo el direccionamiento de ejecuciones contra socios y administradores en caso de comprobarse dolo, culpa o abuso de poder.
La decisión destaca que el grupo Oi constituyó deudas extraconcursales a favor de su propia controladora, lo que podría caracterizar favorecimiento indebido y perjuicio a acreedores laborales y financieros.
Situación de los trabajadores
La crisis ya repercute directamente en la cadena de prestadores de servicios. Trabajadores de Serede, subsidiaria integral de Oi responsable de servicios de campo y mantenimiento de red, denunciaron retrasos en el pago de salarios y beneficios, afirmando que no pueden ser “chivos expiatorios” de la mala gestión del grupo, según manifestaciones recientes.
La propia Oi reconoce que no cuenta con recursos para honrar obligaciones operativas básicas, incluida la nómina, escenario asociado al incremento del pasivo extraconcursal y a disputas con proveedores, según consta en documentos judiciales analizados.
Serede ya enfrentaba disputas laborales, y decisiones recientes de la Justicia del Trabajo indican el redireccionamiento de ejecuciones hacia socios y administradores, dado que la empresa fue incluida en el proceso de recuperación judicial y existen dificultades para ejecutar su patrimonio.