Excélsior Alicia Salgado
Parece que el secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriú, y su subsecretaría de Comunicaciones y Desarrollo Tecnológico perfilan una decisión de política pública distinta hasta lo que hoy se ha ejecutado en materia de redes compartidas.
Y tal vez el caso de la red mayorista Altán, que dirige Javier Salgado, pueda encontrar un modelo social de negocio, porque tanto para el despliegue de la red troncal como para el aprovechamiento del dividendo digital (la aportación del Estado a la famosa red mayorista), es que ni esas redes ni las privadas entienden que el objetivo de cobertura no es de “población” por donde pasa la red, sino de ir conectando a los “pueblos desconectados del país”.
Y por ahí se ha filtrado una especie de take over de los inversionistas de capital en la red compartida, porque no le acaban de ver al operador de la red (Multitel, de Eugenio Galdón), la capacidad para lograr el despliegue en tiempo y forma de tal manera que se cumplan con las obligaciones de cobertura.
Esto último puede o no ocurrir, pero se menciona que las posibilidades de una reducción efectiva en los costos del espectro para telefonía móvil, podría ocurrir siempre y cuando los operadores asuman obligaciones de cobertura social, que pueda ser medible como número de desconectados que han sido conectados y en segundo, número de usuarios que usan activamente la red.