El Economista Jorge Bravo
La transformación del andamiaje institucional, legal y operativo que rodea a las telecomunicaciones y la agenda digital en México ya es una realidad administrativa.
En un año el Estado mexicano ha concentrado funciones, creado nuevas instituciones y presentado un marco legal que le otorga las herramientas para desplegar infraestructura, regular servicios, administrar el espectro y ejercer la política satelital y de ciberseguridad.
La Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT) ya cuenta con su reglamento interno; la nueva Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión define responsabilidades renovadas para el Ejecutivo y el regulador autónomo ha dejado de operar para dar paso a la instalación de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT), dependiente directamente del Ejecutivo Federal. Estas transformaciones cambian el tablero de juego.
Ese andamiaje concentra capacidades públicas que, bien articuladas, pueden acelerar la cobertura y la digitalización. El gobierno también dispone de operadores estatales (Altán Redes y la filial CFE Telecom) y cuenta con organismos destinados para promover inversión pública (Promtel) y programas sectoriales alineados al Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030. La mesa está servida para un despliegue masivo de banda ancha y servicios digitales.
Sin embargo, la existencia del andamiaje no garantiza por sí sola el éxito. México llegó a 2024 con avances: 83.1% de los usuarios y 73.6% de los hogares contaban con acceso a internet, y el uso de teléfonos inteligentes es prácticamente universal entre las personas. Pero todavía hay brechas territoriales y socioeconómicas profundas (estados como Chiapas, Oaxaca o Guerrero siguen rezagados, incluso entidades como Veracruz y Puebla han retrocedido) que exigen una política focalizada y sostenida.
No resolver la disparidad territorial y socioeconómica implicaría dejar a millones de personas fuera de servicios esenciales como educación en línea, telemedicina, trámites digitales y oportunidades económicas vinculadas al comercio electrónico.
Otro punto clave es la inversión. Aunque el Estado ha incorporado instrumentos propios para la provisión de infraestructura, la mayor parte de la inversión en redes sigue proviniendo del sector privado. Aproximadamente, 70% de esa inversión se destinó a infraestructura. Eso significa que cualquier ambición de cobertura nacional y actualización tecnológica (fibra óptica, 5G, Centros de Datos, desarrollo de Inteligencia Artificial) requiere condiciones de certidumbre jurídica, reglas claras y mecanismos que permitan la participación y la financiación del capital privado.
Frente a esa realidad, la agenda pública debe articular tres prioridades claras para convertir el andamiaje en resultados tangibles hacia 2030.
Primera, metas medibles de cobertura y calidad (velocidad de Internet). Fijar objetivos mensurables (como reducir a la mitad el déficit de cobertura en las entidades rezagadas antes de 2028 y alcanzar niveles de banda ancha mínima para 2030) obliga a transparentar indicadores y KPIs públicos.
Segunda, reglas que atraigan inversión sin renunciar al interés público. La intervención estatal en el despliegue puede corregir fallas de mercado donde el operador privado no llega; pero las grandes inversiones en zonas urbanas y en tecnología de punta seguirán dependiendo de operadores privados y de capital extranjero.
Por lo tanto, es necesario un marco de estabilidad regulatoria, mecanismos de anticorrupción en estados y municipios para que no extorsionen el despliegue de infraestructura, licitaciones claras y esquemas de coinversión público-privada que compartan riesgos y beneficios, sin sacrificar la competencia y la innovación.
Tercera, derechos digitales y límites a la intervención. El Estado controla el espectro radioeléctrico, las bases de datos públicas, la política satelital y la ciberseguridad. Eso es mucho poder para garantizar servicios y seguridad, pero también plantea riesgos como intervención indebida, vigilancia sin contrapesos o barreras a la innovación con impuestos adicionales.
La política pública debe proteger la privacidad, el debido proceso y la interoperabilidad de plataformas, establecer salvaguardas técnicas y judiciales que impidan que la infraestructura y los datos se conviertan en instrumentos de control político. Las garantías tecnológicas y legales serán el cemento entre la infraestructura y los derechos.
Hacia 2030, México tiene la posibilidad de demostrar resultados cuantificables. Subir la proporción de usuarios y hogares con Internet a niveles superiores a 90% con calidad y asequibilidad; consolidar una red mayorista que disminuya precios y estimule la competencia sin distorsionarla; digitalizar y hacer eficiente la administración pública para reducir costos de transacción y mejorar servicios.
Para lograrlo será imprescindible recuperar el diálogo con la industria de telecomunicaciones, tecnológica y digital. El gobierno tiene los planos; el sector privado la maquinaria y los recursos para edificar. Ambos deben construir una nación digital con reglas claras y garantías de derechos.
Ya no son válidos los pretextos. El andamiaje institucional y legal existe. Hay instrumentos presupuestales y operativos. Hay objetivos plasmados en programas sectoriales. Lo que falta es un contrato social digital, una hoja de ruta pública y privada con indicadores, responsabilidad y límites que no invadan ni la privacidad ni la innovación.
Si ese contrato no se firma entre todos, la promesa de un México digital quedará en buenas intenciones. Si se firma bien, antes de 2030 podrá reportarse más inversión, cobertura, digitalización, innovación y transformación. Pero sobre todo más oportunidades, más bienestar y más derechos digitales.
X: @beltmondi