Nueve países europeos cuentan con obligaciones de inversión para plataformas tipo Netflix
Actualmente, nueve países europeos cuentan con obligaciones de inversión para las plataformas de video streaming como Netflix: Francia, Alemania, Croacia, Eslovenia, República Checa, Bélgica, Portugal, Italia y España.
De todos, Alemania es el que solicita a estas plataformas que paguen un gravamen a un fondo cinematográfico o una agencia similar, mientras que Eslovenia, España, Italia y Portugal establecieron reglas para que estos proveedores de video inviertan directamente en producciones europeas.
Los datos surgen del policy brief realizado por la consultora SMIT, llamado La situación de los impuestos de Netflix en los Estados miembros de la Unión Europea, donde se identifican los enfoques existentes de los Estados miembros europeos con respecto a la imposición de obligaciones de inversión para los proveedores de servicios de medios audiovisuales a demanda tanto nacionales como extranjeros.
En el caso de Bélgica y Croacia permiten elegir entre un gravamen o una inversión directa.
De acuerdo con el informe, dado la inmensa fragmentación de los regímenes legislativos vigentes, se debe lograr un cierto nivel de armonización en el continente. El estudio afirma que requerir una contribución financiera directa, basada en el gravamen a un fondo cinematográfico u otra agencia que apoye la creación de obras audiovisuales, “parece la forma más sencilla de garantizar que los proveedores de servicios de medios audiovisuales a demanda contribuyan a la producción de obras europeas”.
Pero además determina que un sistema que toma el volumen de negocios como la base de cálculo para los proveedores de servicios de medios audiovisuales nacionales a pedido “parece más conveniente de usar, ya que las empresas nacionales están obligadas a presentar sus estados financieros a las autoridades nacionales cada año”. Para los proveedores de servicios de medios audiovisuales extranjeros a demanda, un sistema basado en los ingresos “parece ser la única opción posible”.
El documento recomienda que los Estados miembros exijan que las empresas divulguen toda la información necesaria para determinar la base de cálculo de los impuestos.