Neutralidad tecnológica y seguridad pública

572

Reforma

Hace 33 años me titulé con un estudio sobre el marco jurídico de la política científica y tecnológica en México. Al mismo tiempo, fui titular y fundador del área de propiedad industrial y transferencia de tecnología en la oficina del abogado general de la UNAM. Asistí jurídicamente las áreas de ciencia y tecnología de la UNAM, pero sobre todo al naciente Centro para la Innovación Tecnológica de la UNAM liderada por Mario Waissbluth y dos espléndidos visionarios de la gestión tecnológica: José Luis Solleiro y Gustavo Cadena, de quienes aprendí la interdisciplinariedad de la materia. Desde entonces, la “neutralidad tecnológica” se convocaba al debate sobre la política científica y tecnológica, pero también al de la gestión, transferencia y uso de ella.

33 años después, el paradigma tecnológico es impactado por el paradigma digital y éste arrasa transversalmente todas las áreas de la ciencia, la tecnología, pero de forma relevante la habilitación de derechos humanos. A pesar del tiempo, la neutralidad tecnológica, como valor, persiste en nuestra sociedad digital.

El silogismo es simple y lo repetiré hasta el cansancio. Si la Internet, las TIC, la banda ancha y los servicios de telecomunicaciones son un derecho fundamental, éstos habilitan todos los derechos fundamentales: salud, educación, seguridad, libre tránsito, entre otros. Sin política pública que los garantice, no existen. Si la política pública digital viene acompañada de valores profundos en materia de neutralidad tecnológica y transparencia, podemos hablar de política digital democrática y útil.

Dos áreas destacan en este gobierno por ser rara avis en la política digital. Por un lado, educación, que creó la primera agenda digital sectorial en México, por la otra, la seguridad pública, vía la Red Nacional de Radiocomunicación.

La parte menos conocida de la seguridad pública es la tecnológica. No es sexy ni seductora, por el contrario, es un coto tecnológico frío. Se mide con la preservación, o no, de la vida de los guardias que defienden la seguridad pública del Estado, a partir de la tecnología de radiocomunicación que usan y de la calidad de la red que la opera.

Este sistema enfrentó una estructura tecnológica e institucional antigua, cerrada, poco transparente, apoyada por intereses políticos muy poderosos y negada a la evolución tecnológica. El Centro Nacional de Información del sistema Nacional de Seguridad Pública ha liderado esta transformación.

La seguridad pública es una función del Estado a cargo de la federación, las entidades federativas y los municipios. Comprende la prevención, investigación, persecución de los delitos. Sus retos son enormes: coordinarse con todos los cuerpos de seguridad del país, de todos los órdenes de gobierno, usar tecnología de punta, interoperable, estandarizada internacionalmente, abierta y transparente; compartir infraestructura, expandirla y volverla eficiente, es decir, agnóstica, con neutralidad tecnológica.

A finales de 2020, el Ejecutivo Federal publicó el decreto de modernización y actualización de la Red Integrada Nacional de Radiocomunicación, un documento relevante que define la constitución, funciones, modernización y actualización de esta red. Señala por primera vez, en materia tecnológica, los principios bajo los cuales operará la red. ¿Son estándares abiertos, seguros y eficientes que promuevan la libre competencia? Sí. Hablamos del primer instrumento que excluye el interés privado de funcionario alguno y apuesta a la institucionalidad pública. De paso, señala un camino a repetir en diversas áreas de transformación digital de este gobierno.

Igual que ayer, mi aproximación a la neutralidad tecnológica confirma que es un valor vital de la política digital y la regulación, lejos de poderes públicos, intereses económicos y geopolítica. Es un antídoto a la corrupción, promueve la innovación, la transparencia, pone la tecnología al servicio del ciudadano, protege la vida de los agentes, de la sociedad y del Estado.