España subvencionó 344 millones de euros en ayudas públicas para el despliegue de banda ancha en el periodo 2013-2020. Ese dinero sirvió para facilitar el desarrollo del servicio en más del 40 por ciento de los municipios del país. En ocho años, el número de sitios con fibra se multiplicó por 15 al pasar de 270 a 4 mil.
Telefónica ejecutó el 42 por ciento de las ayudas, seguidos de Orange y MásMóvil, con el 7 por ciento cada operador. El informe también da cuenta de que “entraron nuevos operadores y los consumidores tuvieron más ofertas a su disposición”. A 2020, el 91 por ciento de los municipios contaba con al menos dos firmas prestando el servicio.
El presupuesto se destinó principalmente a sitios menos conectados en poblaciones con menos de 5 mil habitantes. A pesar de esto, “la Comisión Europea subrayó en sus últimos informes la brecha que todavía existe entre zonas urbanas y rurales”, admitió el gobierno español y agregó que se trabaja en mejorar este aspecto con distintos programas, como el UNICO.
En este contexto, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) insistió en cuatro puntos para que la intervención pública en los programas de ayuda sea más eficaz: más coordinación entre administraciones nacionales y autonómicas, efecto incentivador de las ayudas que impulsen el cambio de comportamiento de la inversión privada, más evaluación a posteriori y fomentar el efecto procompetitivo de las subvenciones y la neutralidad tecnológica.
