Tras obtener el visto bueno del órgano regulador sectorial, el Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones (Micitt) dijo que ya está preparando los lineamientos de política pública para la subasta de espectro 5G de Costa Rica.
Dichos lineamientos serán la base que permitirá a la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel) comenzar con el diseño del concurso público para la banda de frecuencias de 3.5 GHz.
La dependencia detalló que ya se están desarrollando los estudios técnicos, económicos, de política pública y jurídicos para la licitación, ya que el objetivo es llevar a cabo el proceso este mismo año.
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A finales de febrero, la Sutel presentó los resultados de su análisis de factibilidad para la subasta, y concluyó con base en el sondeo de la industria que la licitación puede ayudar a reducir las distorsiones que actualmente existen en la distribución del espectro radioeléctrico.
Sin embargo, la institución advirtió que es necesario continuar con la recuperación de la otra banda que se pretende licitar también para impulsar el desarrollo de las redes 5G en el país: la de 2.6 GHz, que hoy el Grupo ICE mantiene en desuso.
En respuesta a ello, el Ministerio aseguró que seguirá con los procesos jurídicos que derivan de las recomendaciones emitidas por la Sutel, “en respeto del marco jurídico vigente, el principio de seguridad jurídica y los derechos al debido proceso de los concesionarios”.
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Además, destacó que se cuentan con frecuencias en otras bandas que son importantes para el despliegue de 5G, incluyendo 90 MHz en la banda de 700 MHz, 325 MHz en las bandas de 2.3 y 3.5 GHz (con posibilidad de extenderse a 400 MHz) y 3,250 MHz en las de 26 y 28 GHz.
Una vez que estén listos los lineamientos, el gobierno los enviará a la Superintendencia para que sirvan de guía en la elaboración del precartel de la subasta, su consulta pública y la publicación del cartel definitivo.
La Sutel se encargará, como lo determina el marco jurídico, de llevar a cabo la licitación de espectro. Recibirá las ofertas por parte de los operadores de telecomunicaciones interesados, declarará cuáles son elegibles, desarrollará el concurso y emitirá su recomendación al Ejecutivo para la posterior adjudicación de las frecuencias.