Reforma Luis Pablo Segundo
En México, 90 por ciento de las dependencias públicas de Gobierno carecen de elementos para protegerse de un ataque cibernético, denunció Víctor Ruiz, fundador de la empresa SILIKN.
“Alrededor del 10.2 por ciento de las dependencias cuenta con un plan de respuesta a incidentes”, sostuvo el directivo tras realizar un análisis de la vulnerabilidad cibernética en instituciones de Gobierno.
La empresa especializada destacó que 78.3 por ciento de los responsables de las áreas de Tecnologías de Información (TI) reconocieron que el tema de ciberseguridad se convirtió en una amenaza a la seguridad nacional.
“Los ciberataques están aumentando, tanto en cantidad como en sofisticación, con incidentes cada vez más graves que afectan cada semana a las empresas y a las dependencias del Gobierno mexicano”, acusó Ruiz.
Con incidentes recientes como los secuestros de datos a las Secretarías de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) o el robo de información a la Defensa Nacional (Sedena), SILIKN añadió que estos ataques generan daños económicos a los contribuyentes por más de 524 mil 800 millones de pesos al año.
Con lo anterior, las dependencias públicas se convirtieron durante el Gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador en objetivos fáciles para el cibercrimen, aseguró la empresa.
“Faltan mejores prácticas de ciberseguridad y falta voluntad por parte de sus dirigentes para poder establecer planes y programas de prevención y respuesta a incidentes”, añadió.
Pese a que en el Senado de la República se trabaja en una Ley en la mayoría establecer debidamente las competencias y bases de coordinación entre la Federación, esto no será suficiente para reducir la vulnerabilidad del Estado.
“Hace falta un mayor conocimiento en temas de ciberamenazas, ciberatacantes, técnicas, metodologías y herramientas, así como una mayor rapidez para implementar la ley y estar al nivel de velocidad con la que se presentan los ciberataques”, advirtió la firma.
Ruiz sostuvo que también hace falta mayor interés y compromiso por parte del Gobierno, tras el recorte de 3 mil 300 millones de pesos en los servicios de informática y ciberseguridad que aplicó.
Esto lleva a que funcionarios trabajen con computadoras y sistemas operativos obsoletos, sin actualizaciones, sin parches de seguridad, sin antivirus y utilizando programas piratas, poniendo en peligro a millones de ciudadanos, así como a sus respectiva información personal.