Predicciones DPL News 2025 | México: nuevos reguladores, distorsión regulatoria y competitiva

Extinción del IFT y creación de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT)

La largamente anunciada extinción del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) se consumó y dio paso a la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT), lo cual centraliza en la Administración Pública Federal de México la política pública, la regulación de las telecomunicaciones y la radiodifusión (excepto la regulación de la competencia económica en esos sectores, que quedará a cargo de una nueva autoridad subordinada a la Secretaría de Economía) y todo el ecosistema digital bajo una visión alineada con el proyecto político del gobierno.

Este cambio institucional buscará potenciar políticas públicas orientadas a la conectividad universal, pero desde ya enfrenta críticas sobre la pérdida de autonomía técnica y riesgos de politización en temas tan sensibles como la gestión del espectro y la supervisión de mercados telecom, radiodifusión y digitales.

La ATDT enfocará sus esfuerzos en proyectos de conectividad social, infraestructura pública compartida y la simplificación regulatoria en general, aunque se anticipan retos iniciales en la comprensión del sector de telecomunicaciones, de gobernanza digital y transición administrativa inicial del IFT a la nueva ATDT.

Es relativamente sencillo predecir las futuras acciones porque están previstas en el decreto que extingue al IFT. Por ejemplo, el Congreso tendrá un plazo de 90 días a partir de la entrada en vigor del decreto para realizar adecuaciones a las leyes secundarias, por lo que se abrirán nuevos frentes de batalla en el Poder Legislativo y modificaciones en la legislación en materia telecom, radiodifusión y, sobre todo, de competencia económica.

Los cambios legales deberán incluir cambios administrativos para adecuar la transición institucional, evitar la duplicidad de funciones e incorporar las atribuciones del IFT a la dependencia encargada de elaborar y conducir las políticas de telecomunicaciones y radiodifusión (ATDT) y la creación de la nueva autoridad de competencia económica.

Los recursos humanos, materiales, registros, plataformas y sistemas electrónicos pasarán a formar parte de dicha dependencia del Ejecutivo Federal de México. Esto incluye el fideicomiso del IFT, cuyo saldo saldo al 30 de septiembre de 2024 fue de 1,500,759,435.5 pesos.

Sólo hasta que entre en vigor la legislación secundaria modificada estará definitivamente extinto el IFT, por lo que todavía tiene varios últimos meses de existencia y sus decisiones serán válidas legalmente. Los actuales comisionados del IFT concluirán sus funciones cuando entre en vigor dicha legislación secundaria.

Al mismo tiempo que quedó oficialmente extinto el IFT, se publicó en el Diario Oficial de la Federación de México el decreto que creó la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT), como una secretaría de Estado, cuyas atribuciones son, precisamente, elaborar y conducir las políticas telecom y de radiodifusión, las de inclusión y gobierno digital y TIC. También será responsable del servicio de correo, la capacidad satelital, la soberanía tecnológica, los protocolos de ciberseguridad, la mejora regulatoria y decidir el nombramiento de los especialistas TIC del gobierno. 

Suficiente poder para la ATDT, sólo sin el componente de la competencia económica, cuyas funciones serán asumidas por una nueva autoridad dependiente de la Secretaría de Economía, la cual revisará la regulación asimétrica, la preponderancia y la regulación de los mercados digitales. 

Riesgos para la autonomía digital y los derechos digitales

Con la centralización administrativa, de política pública y regulatoria en la ATDT y la influencia del Ejecutivo en la política digital, se anticipan preocupaciones sobre el posible impacto en la libertad de expresión, la privacidad de los usuarios, la neutralidad de la red, regulatoria y competitiva.

Y es que no sólo se extinguieron el IFT y la Comisión Federal de Competencia Económica, también el Instituto Nacional de Transparencia y Protección de Datos Personales. La tutela de la privacidad y la protección de datos personales se encuentra en modo incertidumbre, pues una vez más será una autoridad de la administración pública centralizada la que asuma el control de ambas materias. 

Impulso al nearshoring como motor de transformación digital

Con México consolidándose como un destino clave para el nearshoring, idealmente las políticas públicas del gobierno de Claudia Sheinbaum buscarán alinear la infraestructura digital con las demandas de las empresas que trasladan sus cadenas de suministro al país.

Se prevé un enfoque en desarrollo de infraestructura tecnológica, principalmente semiconductores y Centros de Datos y posibles alianzas de empresas tecnológicas de Nube con los gobiernos estatales para fomentar ecosistemas digitales alrededor de hubs industriales estratégicos como Nuevo León, Jalisco y Querétaro.

Este esfuerzo de posicionar a México como un polo para el nearshoring estará estrechamente vinculado con el nuevo gobierno de Donald Trump, el cual podría dar oportunidad a la cooperación económica y la integración tecnológica de América del Norte en sectores como semiconductores y manufactura avanzada; pero lo contrario también es posible: que Trump también pretenda cerrar la frontera tecnológica y enfocar sus esfuerzos en la relocalización en Estados Unidos de fábricas de semiconductores, desarrollo de tecnología y producción de vehículos electrónicos.

En este sentido, la oportunidad del nearshoring podría materializarse y consolidarse, pero también perderse si se materializan las políticas proteccionistas y nacionalistas de la segunda administración Trump.

Fomento a la economía digital

El primer año de Sheinbaum podría incluir un posible Plan Nacional de Digitalización (esta denominación sólo es enunciativa para estas predicciones) enfocado en digitalizar hasta 80 por ciento de los trámites del gobierno federal y capacitar a pymes para utilizar plataformas de servicios públicos digitales, así como expandir el uso de herramientas digitales en otros servicios públicos como salud, mediante el expediente electrónico.

El éxito de estas políticas dependerá de una adecuada colaboración entre el sector privado y la nueva ATDT, la cual prevé la creación de una fábrica de software que le permita al país ejercer cierta soberanía tecnológica sobre los programas, sistemas y software desarrollado, producido y licenciado por empresas de tecnología.

Relación estratégica y tensa con el gobierno de Donald Trump

La relación bilateral con Estados Unidos bajo la segunda administración de Trump será clave para determinar el rumbo de las políticas tecnológicas en México. Entre los temas prioritarios estarán la ciberseguridad y protección de datos en infraestructuras críticas.

Se anticipan conflictos y posibles acuerdos para proteger la infraestructura crítica, especialmente en telecomunicaciones y plataformas digitales, con posibles intentos de prohibición de fabricantes y desarrolladores de tecnología de China.

Un aspecto clave serán los avances en la renegociación del T-MEC entre México, Estados Unidos y Canadá que ocurrirá en 2026, con temas delicados en términos de los capítulos de telecomunicaciones, comercio digital y derechos de propiedad intelectual. Uno de los temas que podría emerger en las negociaciones es el estatus independiente o no de la función reguladora de los sectores telecom y radiodifusión, una de las condiciones previstas en el T-MEC.

Subasta 5G y expansión de las redes

El gobierno mexicano, a través de las acciones del IFT y la ATDT, podría anunciar nuevas licitaciones de espectro para acelerar la adopción de redes 5G. En principio, el IFT ya avanzó en el proceso de consulta pública para la licitación de espectro (IFT-12) en la banda de 600 MHz, entre otras frecuencias propicias para 5G.

El calendario para 2025 contempla las constancias de participación en el primer trimestre del año, la presentación de ofertas y las actas de fallo hacia mayo y junio, mientras que el límite en el pago de las contraprestaciones será agosto de 2015 y en septiembre la entrega de los títulos de concesión. Esta planeación no tenía previsto la extinción del regulador ni la intervención política de la nueva Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones en el proceso de licitación, por lo que tanto el calendario como las condiciones podrían modificarse por la actuación de la nueva autoridad y las condiciones propias del mercado.

Regulación de plataformas digitales y economía colaborativa

Se anticipa una mayor regulación sobre plataformas de transporte, entregas y comercio digital, en función de los avances en este sentido para regular laboralmente las plataformas de movilidad y entrega de alimentos. Estas políticas buscarán equilibrar la protección laboral de los trabajadores con el dinamismo del ecosistema digital, aunque podrían generar tensiones con las empresas de tecnología y los usuarios. La regulación puede ser innovadora, pero también restrictiva y comprometer principios básicos de la tecnología y el modelo de negocio de dichas plataformas como la libertad y la flexibilidad.

Redefinición de CFE Telecom e Internet para Todos como operador estratégico del gobierno
En 2024, una reforma constitucional declaró que CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos no constituye monopolio, otorgándole un marco legal que le permite operar bajo ventajas exclusivas frente a los operadores privados. Esta modificación posicionará la empresa como el principal brazo del gobierno para proveer conectividad universal, pero tendrá implicaciones profundas en el mercado.

CFE TEIT tendrá acceso preferente a infraestructura eléctrica para desplegar redes de telecomunicaciones a costos significativamente menores que los operadores privados. Podrá operar sin las restricciones de rentabilidad que enfrentan las empresas privadas, al financiarse con recursos públicos y priorizar objetivos sociales sobre económicos.

Los operadores privados enfrentarán un terreno desigual debido al respaldo gubernamental directo a CFE TEIT, lo que podría desincentivar nuevas inversiones en áreas donde la empresa estatal se convierta en el proveedor predominante. Este modelo podría provocar una percepción de favoritismo regulatorio, erosionando la confianza en la ATDT como un organismo imparcial.

Se anticipa una reducción de la competencia en regiones donde CFE TEIT opere, afectando la oferta de servicios innovadores y la calidad. Las tarifas subvencionadas por el gobierno generan distorsiones de los precios del mercado, que paradójicamente entorpece la operación de pequeños operadores e incluso una mayor concentración en el mercado.

CFE TEIT se integrará aún más como un socio estratégico de la Red Compartida de Altán Redes, para aprovechar mutuamente su infraestructura para complementar el despliegue de servicios en zonas rurales y marginadas y de cobertura social. Aunque esta colaboración podría acelerar los objetivos de conectividad universal, también creará tensiones sobre las estrategias comerciales, las tarifas subsidiadas y la transferencia de subsidios a competidores privados bajo el modelo de Operador Móvil Virtual.