México necesita reglas que incentiven la innovación, no que la frenen: esto dice ALAI sobre el Código Fiscal

Esta entrevista forma parte de un especial de contenidos que DPL News ha preparado para mostrar algunos de los temas más relevantes que se abordarán en México Digital Summit 2025 los próximos 4 y 5 de noviembre. Registrate gratis aquí.

En un contexto de crecimiento sostenido de la economía digital —que en 2018 aportó el 7.4% del PIB—, México navega en arenas regulatorias movedizas que podrían generar un grave retroceso para el ecosistema digital entero.

Fabiola Peña, gerente regional de México y Centroamérica en la Asociación Latinoamericana de Internet (ALAI), advierte que particularmente la iniciativa del artículo 30B del Código Fiscal de la Federación representa un riesgo para la viabilidad del ecosistema digital y los derechos humanos de millones de usuarios.

Actualmente, el Senado de México está analizando las minutas con proyecto de decreto por el que se reforman el Código Fiscal de la Federación y la Ley Federal de Derechos, luego de que fueran aprobadas por la Cámara de Diputados.

Una de las disposiciones más preocupantes para el sector digital que se pretende incorporar en el Código Fiscal se encuentra en el artículo 30-B, que permite a las autoridades fiscales tener acceso en línea, permanente y en tiempo real a la información de los usuarios de las plataformas digitales.

Si no se cumple con esa orden, el artículo también contempla el bloqueo temporal de las plataformas. Y aunado a ello, el artículo 113-Bis penaliza con cárcel a quien expida, enajene, compre o adquiera comprobantes fiscales de operaciones inexistentes o falsas, así como a quien publique anuncios para la compra o venta de estos comprobantes.

En entrevista con DPL News, Fabiola Peña explica que la medida viola principios básicos de proporcionalidad y certeza jurídica, al abrir la puerta a la vigilancia sin fundamento ni motivación según sea el caso.

“El acceso total y permanente a estos datos implicaría que ya no se tuviera que fundamentar y motivar cada requerimiento de la autoridad, porque ya serían sus datos [de las autoridades]”, advierte.

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Peña considera que esto compromete los derechos de los usuarios y la estabilidad del ecosistema: “La transparencia fiscal no significa que todo se vuelve dato público, ni que se elimine la clasificación de datos sensibles. Lo que pedimos es proporción y que cada requerimiento esté debidamente fundado y motivado”.

La ejecutiva recuerda que las plataformas ya cumplen con la entrega de información bajo el artículo 18J de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, el cual establece obligaciones claras sin vulnerar la privacidad de los usuarios.

“No existe ningún incumplimiento por parte de las plataformas”, enfatiza.

Desincentivo a la inversión y sobrerregulación

La gerente regional de ALAI alerta que el entorno regulatorio mexicano se ha vuelto cada vez más hostil para la innovación, debido a la proliferación de medidas fiscales y normativas que sobrerregulan a los actores digitales.

“Cada tres meses hay una nueva carga regulatoria (…). Hoy las plataformas enfrentan más obligaciones que los comercios físicos, lo cual genera desproporción y desincentiva la inversión tecnológica”, lamenta.

A su juicio, el enfoque punitivo del gobierno hacia las plataformas no sólo entorpece el desarrollo de los mercados digitales, sino que también afecta directamente a las micro, pequeñas y medianas empresas que dependen del comercio electrónico.

“Estas medidas no sólo impactan a las grandes plataformas, sino al pequeño negocio que vende en línea y que puede ver interrumpida su operación sin aviso previo”, puntualiza Peña.

Falta de diálogo y consulta

La propuesta del Código Fiscal fue presentada por el Gobierno de México a principios de septiembre, como parte del Paquete Económico 2026.

Pero antes de ella la primera versión de la Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión también buscaba dar a la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones la facultad de bloquear plataformas digitales, cuando fuera solicitado por las autoridades competentes en casos de incumplimiento de disposiciones u obligaciones previstas en la ley.

Si bien esa disposición se retiró de la versión final de dicha ley, la gerente regional de ALAI menciona que esto evidencia un patrón de constante incertidumbre e intenciones de sobrerregulación.

Además, Peña cuestiona que las discusiones legislativas se lleven a cabo sin consulta efectiva con la industria ni con especialistas. Durante la presentación de la iniciativa ante la Cámara de Diputados ―recuerda―, “nos dieron tres minutos para explicar la complejidad del 30B”, lo que muestra el escaso espacio de interlocución con los sectores afectados.

Para ALAI, la regulación digital sólo será eficaz si se construye desde el consenso multiactor. “Para generar mejor regulación es indispensable escuchar a todas las partes interesadas”, afirma.

Un ejemplo de cómo se puede abrir el diálogo será el México Digital Summit 2025, evento que se llevará a cabo el 4 y 5 de noviembre en la Ciudad de México, y donde ALAI convergerá con autoridades, industria, sociedad civil y especialistas para abordar los desafíos de la economía digital. 

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La ventana del bloqueo puede volverse una amenaza general

Fabiola Peña considera que la iniciativa fiscal sienta un precedente peligroso para la economía digital mexicana: “Hoy empieza así, es una ventana que mañana se vuelve una puerta y después una entrada general”.

En ese sentido, hace un llamado al gobierno a repensar la medida y abrir espacios de diálogo con la industria, la academia y la sociedad civil. “Internet nació y creció de manera colaborativa; así debe seguir si queremos un México digital competitivo y seguro”, expone.

La clave, según Peña, está en construir regulación colaborativa que brinde incentivos para que la economía digital siga creciendo, generando mayor productividad y fuentes de ingreso para millones de personas en México.

“Estamos en un buen momento de desarrollo y crecimiento, pero necesitamos marcos regulatorios que generen incentivos positivos para la innovación”, apunta la gerente regional de ALAI.

La representante de la asociación sostiene que el crecimiento digital sólo será sostenible si se construye sobre bases de certeza jurídica y colaboración entre todos los actores del ecosistema.

“México es un mercado apetecible por los consumidores, pero también debería serlo por la innovación y la creación de nuevos modelos de negocio”, reitera Peña, lo cual va en contravía de las iniciativas que generan obstáculos para el desarrollo del ecosistema digital.