El Economista José Soto
Los préstamos exprés por internet evidencian desigualdades económicas, agujeros legales y urgencias ciudadanas, pero también confirman que la pedagogía sobre la privacidad digital y la protección de los datos personales está siendo insuficiente. Necesitamos una educación de la privacidad más eficaz y cerebral.
Algunos proveedores de créditos rápidos utilizan la intimidación, la extorsión y otras prácticas ilegales para cobrar los préstamos. Se les conoce popularmente como préstamos gota a gota, por su característica de abonos constantes para liquidar préstamos por lo general de bajo monto y con altas tasas de interés.
El gota a gota es usura no regulada. Puede incluir amenazas de muerte contra el deudor o sus familiares enviadas a los contactos de WhatsApp o fotos de desnudos con la afirmación de que la persona “morosa” ofrece servicios sexuales para pagar sus deudas.
La oferta de microcréditos irregulares es vasta pero su modelo es común y compartido: quien necesita dinero de manera urgente instala una app y consiente el acceso de terceros a información personal almacenada en su teléfono: contactos, ubicación exacta, fotografías y videos y acceso a redes sociales. Los prestamistas utilizan esa información para cobrar el crédito exhibiendo a los usuarios entre sus conocidos, denigrando y amenazando al deudor y a sus contactos.
Las apps de préstamos están en auge ante la dificultad para contraer deuda a través de las empresas reguladas, como los bancos, el aumento generalizado de los precios (inflación) y el estancamiento de los salarios.
Pero también están en auge por la facilidad para acceder a esos mecanismos a través del teléfono y de la ignorancia de quienes hacen uso de las apps de préstamos. Dudar un poquito antes de consentir el acceso a los datos personales que exige el prestamista podría evitar experiencias desagradables.
¿Cuál es la diferencia entre las medidas de seguridad que toma una persona para caminar o no por una calle sola y poco iluminada de las medidas de seguridad que toma respecto a instalar o no una app que pide la ubicación exacta o el acceso a información confidencial de los usuarios?
En las dos situaciones existen riesgos de sufrir un daño físico, patrimonial o moral, quizá la diferencia sea la velocidad con la que se verifiquen los riesgos en cada caso.
La práctica digital de los gota a gota debe encender alertas en la Condusef (defensa de usuarios de servicios financieros), la Profeco (defensa de los consumidores), las unidades de Policía Cibernética de los estados y en el Inai (defensa de los datos personales) para emprender la defensa de los ciudadanos.
También los distribuidores de apps —Play Store de Google (Android, 8 de cada 10 teléfonos) y App Store de Apple (iPhone, 2 de cada 10 teléfonos)— pueden ayudar a contener el problema y eliminar de su oferta las apps fraudulentas ante notificación de autoridad y advertir con mayor ahínco a los usuarios sobre el volumen de accesos que solicita una app.
Pero lo cierto es que leyes, instituciones y policías serán siempre insuficientes si los consumidores no ponen de su parte. Una vez que se pierde el control de nuestra información personal es imposible recuperarlo.
Necesitamos una pedagogía de la privacidad y la protección de datos personales intensa, clara y eficaz. Esta pedagogía debe superar lo puramente instrumental: no se trata de difundir manuales sobre cómo leer un aviso de privacidad o cómo controlar una consola de gestión de datos personales en una plataforma digital. Tampoco debe basarse en el terror y el aturdimiento, que provocan rechazo y desatención. Se trata de internalizar la importancia de la vida privada y de su protección como factores de autodefensa personal y comunitaria en un mundo digital.
Las estafas y extorsiones seguirán existiendo (el crimen no descansa), pero un ciudadano mejor educado puede distinguir y evitar riesgos antes de ser víctima de ellos.