La intención del gobierno federal de asumir un papel activo en el despliegue de infraestructura de telecomunicaciones, a través de CFE Telecom y Altán Redes, para cerrar la brecha digital en México, tal y como se señala en la reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión (LFTyR), podría no sólo distorsionar la competencia en el sector, sino también acarrear pérdidas económicas superiores a los 76 mil millones de pesos anuales, advirtieron expertos y representantes de las telecomunicaciones móviles.
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