La ubicación en tiempo real de un usuario, información sobre su postura política, religiosa, de preferencias o transacciones son algunos de los datos que entregarán las empresas de telefonía como Telcel, AT&T y Telefónica al Estado, como parte de los artículos 103 y 183 plasmados en lo que será la nueva política de Telecomunicaciones y Radiodifusión, pero que aún debe aprobarse por el Ejecutivo.
Las empresas de telecomunicaciones estarán obligadas a vincular las 142.3 millones de líneas telefónicas activas con una identidad comprobada, a partir de la CURP digital que contendrá datos biométricos y huellas dactilares. Además, deberán facilitar la información de los mexicanos a las autoridades de procuración de justicia, sin mecanismos claros de autorización judicial.
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