Mercado Libre invertirá US$ 10,900 millones en Brasil en 2026
Incluso con las nuevas implicaciones regulatorias de responsabilidad impuestas a los marketplaces en el país, Brasil sigue siendo el principal motor de generación de ingresos de la plataforma argentina.
Mercado Libre anunció una inversión récord de R$ 57,000 millones (US$ 10,900 millones) en Brasil en 2026, monto 50% superior al destinado el año anterior.
El movimiento refuerza la centralidad del país en la estrategia de la compañía, ya que Brasil continúa siendo su principal mercado, responsable de aproximadamente 52% de los ingresos netos consolidados, según datos divulgados por la empresa argentina.
Los recursos se destinarán principalmente a la expansión de la infraestructura logística, al fortalecimiento del marketplace y al avance de Mercado Pago, con énfasis en la ampliación de la oferta de crédito a consumidores y vendedores.
El plan incluye la apertura de 14 nuevos centros de distribución, lo que elevará el total a 42 unidades en el país, además de la creación de cerca de 10,000 empleos, concentrados en las áreas de logística, tecnología y servicios financieros. Según la empresa, esta inversión ampliará su capacidad logística en 50%.
La ampliación de las inversiones se produce en medio de una disputa regulatoria que involucra a la Agencia Nacional de Telecomunicaciones de Brasil (Anatel) y a los marketplaces.
En 2025, la Agencia emitió la Resolución nº 780, que pasó a responsabilizar solidariamente a marketplaces por la venta de productos de telecomunicaciones no homologados, exigiendo la verificación de la regularidad de los artículos y la exhibición del código de certificación en los anuncios.
La medida fue impugnada judicialmente por Mercado Libre, que obtuvo una medida cautelar en la Justicia Federal de Osasco (SP) que suspendió la aplicación de esos dispositivos, incluso apartando la posibilidad de multas y sanciones.
Sin embargo, la decisión fue revertida en febrero de 2026, cuando el Tribunal Regional Federal de la 3ª Región (TRF-3), a pedido de la Abogacía General de la Unión (AGU), anuló la cautelar y restableció, de forma provisional, la plena validez de la norma.