Leyes de privacidad de datos deben ser flexibles y transfronterizas para denotar el crecimiento económico: GSMA
Un informe advierte que promover el desarrollo de la economía digital basada en datos sólo es posible si se elaboran regulaciones responsables que generen confianza en las personas.
Al mismo tiempo que se busca proteger y empoderar a las personas, los gobiernos deben diseñar leyes de privacidad de datos flexibles y transfronterizas para propiciar que los nuevos modelos de negocio, basados en tecnologías como Internet de las cosas (IoT), Inteligencia Artificial (IA) y Big Data, exploten los beneficios del manejo de grandes volúmenes de datos.
De acuerdo con el informe Leyes inteligentes de privacidad de datos de la GSMA, la economía actual exige un enfoque regulatorio que apoye el crecimiento económico impulsado por los datos y la transformación digital, garantizando además que los usuarios de servicios y aplicaciones puedan confiar en que se hace un uso adecuado de su información.
Estas legislaciones no pueden ser rígidas, porque el ecosistema digital constantemente está cambiando y las normas quedarían obsoletas en poco tiempo. Tampoco es viable adoptar una visión local, ya que en las economías de escala y con la conectividad que desdibuja las fronteras, es necesaria la cooperación internacional, señala el organismo.
La meta regulatoria en cuestión de datos es doble: por un lado, la capacidad de usar y mover datos es importante para promover el mercado digital, el desarrollo económico y la conectividad; por otro, el objetivo es proteger la privacidad de las personas.
Si las compañías gestionan una responsable rendición de cuentas, con mecanismos que protejan efectivamente los datos, al identificar riesgos y prevenir daños, no sólo ganarían la confianza de los usuarios y mejorarían su reputación, sino que se pueden producir beneficios reales para la sociedad y la economía.
En ese sentido, la GSMA recomienda que las legislaciones en la materia se basen en principios específicos, más que en marcos inalterables, para que el flujo de datos entre regiones y países circule de manera rápida y sencilla sobre la base de cláusulas de consentimiento.
Asimismo, los gobiernos tendrían que habilitar derechos para las personas que también son usuarios o consumidores. Algunos de ellos son el derecho al acceso, para saber qué información está en manos de una organización; a la explicación, si quieren conocer cómo se usan sus datos y por qué; a la objeción, si no están de acuerdo; a la corrección, en caso de que sea necesario rectificar datos incorrectos; a la eliminación definitiva; así como a la portabilidad para transmitir datos ágilmente.