Reforma Jorge F. Negrete P.
La iniciativa de ley de telecomunicaciones que se presentó la semana pasada, y que se debatirá esta semana, representa una de las más lamentables desilusiones y complejas conversaciones dentro del mundo digital. Infraestructura digital (telecomunicaciones) y la industria de las plataformas digitales reaccionaron simultáneamente en contra de la iniciativa. Comienzo:
Antecedente. La presidenta Sheinbaum quiere inclusión digital, ciencia, tecnología e innovación, nearshoring de empresas digitales y transformación digital del gobierno. Impecable. Una visión tan necesaria como factible.
Contexto legal. El derecho de acceso a Internet habilita el ejercicio de todos los derechos fundamentales en el mundo digital. Toda plataforma digital presta un servicio y habilita uno o varios derechos fundamentales. Me refiero a los derechos digitales. Si eliminas, suprimes, suspendes o bloqueas una plataforma conculcas los derechos fundamentales en el mundo digital. Si es una plataforma de movilidad, conculcas el derecho al libre tránsito. Hay otras plataformas que habilitan la libertad de expresión, el derecho a la información, la cultura, la salud, etc.
Conclusión. Una ley que suspenda a las plataformas digitales, inhiba el despliegue de infraestructura de conectividad o castigue las inversiones en conectividad, conculca ipso iure el derecho de acceso a Internet. Lo mismo la creación de empresas públicas que destruyan a su competencia deslealmente y con dinero público.
Toda ley, regulación, política pública o empresa pública que restrinja el derecho de acceso a Internet es inconstitucional. Esto es un principio que denomino “Constitucionalismo Digital”, lo cual no se garantiza con la nueva ley telecom.
Exposición de motivos. Es espléndida en cuanto a su argumentación, sustentada en el derecho de acceso a Internet como habilitador de los derechos fundamentales en el mundo digital. Es un trabajo de conciliación entre todos los sectores. Se nota la intención de liderar el sector. El objetivo último debe ser reactivar el sector e invertir.
Espectro radioeléctrico. No se bajó el precio del espectro y se propone una subasta donde se podrá descontar el pago de derechos si hay cobertura social. El camino largo a la inclusión digital.
Empresa pública de telecomunicaciones. “Las funciones que el Estado ejerza en la provisión del servicio de Internet no constituirán monopolios”. Altán, la empresa pública, distorsiona el sistema de competencia, tiene beneficios regulatorios y crecerá en mercados rentables a costa de la exclusión de comunidades. Matará la inversión. Una invitación a que los operadores se vuelvan operadores virtuales y trabajen en la red de Altán.
¿Quién violó primero el T-MEC? México estableció en la constitución la excepción a la regulación de Altán en este año, antes de las tarifas de Trump. Un problema frente al T-MEC: Artículo 18.17. “Cada Parte asegurará que su organismo regulador de telecomunicaciones sea independiente y no rinda cuentas a un proveedor de servicios públicos de telecomunicaciones”. “Ninguna Parte otorgará un trato más favorable a un proveedor de servicios de telecomunicaciones… sobre la base de que sea propiedad … de gobierno”. La nueva ley viola el T-MEC. El gobierno es operador sin someterse a las reglas de la competencia, perdiendo su neutralidad competitiva, regulatoria y de política pública.
Bloqueo de plataformas digitales. Atentos a la Orden Ejecutiva de Donald Trump que respalda a las plataformas de Internet, de gobiernos que busquen afectarlas vía la regulación o decisiones judiciales.
Preponderancia. Esta regulación, que debió ser temporal, inhibe la inclusión digital, va contra del derecho de acceso a internet y castiga la inversión en la infraestructura digital.
Ante la adversidad, hay una oportunidad. Podemos construir una conversación con un hombre inteligente, una Agencia que es una esperanza, Pepe Merino, la ATDT, legisladores; y la industria de la infraestructura y de la tecnología digital.
Presidente de Digital Policy & Law