La regulación digital en América Latina responde a un modelo de mercados segmentados que ya no existe
Barcelona, España. “América Latina sigue respondiendo a un modelo de mercados segmentados que ya no existe. La convergencia tecnológica y la digitalización han cambiado profundamente el ecosistema de servicios, lo que exige un enfoque regulatorio más flexible y orientado a la inversión”, fue el llamado de Maryleana Méndez, secretaria general de la Asociación Interamericana de Empresas de Telecomunicaciones (ASIET), en conversación con DPL News en el marco del MWC 2026 (Mobile World Congress).
El mensaje surge tras los resultados de un estudio regional elaborado por ASIET y el centro de estudios (CET.la), que analiza casos concretos de regulación en telecomunicaciones en América Latina y propone medidas para reducir barreras al despliegue de infraestructura y mejorar las condiciones de inversión.
“El objetivo fue identificar tanto las buenas prácticas que ya existen en la región como aquellos elementos regulatorios que generan costos adicionales para los operadores o retrasan el despliegue de infraestructura y busca ofrecer soluciones prácticas para modernizar las políticas públicas en un contexto de rápida transformación tecnológica”, explicó Méndez.
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Los datos del estudio respaldan el llamado de la funcionaria de ASIET. De acuerdo con las cifras compartidas, “las normativas diseñadas para servicios segmentados imponen cargas desproporcionadas que limitan la inversión y perpetúan la brecha digital en América Latina”.
Los operadores destinan entre 1,3% y 3,7% de su masa salarial únicamente al cumplimiento regulatorio. A su vez, los países con mejor calidad institucional y regulatoria registran niveles de inversión en telecomunicaciones hasta 64% superiores en comparación con aquellos que mantienen marcos regulatorios más rígidos. Además, el exceso de obligaciones administrativas genera costos significativos para las empresas del sector.
“Lo que planteamos es un cambio profundo en la visión de la regulación. No se trata de ajustes superficiales, sino de pasar de un enfoque tradicional a uno que promueva activamente la inversión”, afirmó Méndez.
La necesidad de transformar la regulación se vuelve aún más urgente ante el crecimiento de nuevas tecnologías como la Inteligencia Artificial (IA), cuyo uso está generando un incremento acelerado del tráfico de datos.
“Las redes de telecomunicaciones son la base operativa de la digitalización y también lo serán para la IA y la computación avanzada, cómo se mencionó durante un discurso inaugural en el MWC, de hecho, la IA ya está generando más contenido que las personas. Sólo ese hecho nos indica que las redes deben estar preparadas para soportar ese tráfico”, señaló Méndez.
Esta realidad obliga a fortalecer las capacidades de infraestructura en la región. “Queremos que las micro, pequeñas y medianas empresas puedan utilizar la IA y que ese uso sea transformador para la economía”, agregó.
Para lograrlo, la secretaria general de ASIET también subrayó que el desarrollo del ecosistema digital en la región requiere una mayor cooperación entre actores públicos y privados, así como entre los propios países latinoamericanos.
“La palabra clave hoy es colaboración. La colaboración debe darse tanto entre operadores y plataformas tecnológicas como entre gobiernos, reguladores y otros sectores productivos que dependen de la conectividad”. afirmó Méndez.
Esto, debido a que la digitalización ya atraviesa prácticamente todos los ámbitos de la vida cotidiana y de la economía. En ese sentido, explicó que “avanzar hacia principios regulatorios comunes y reglas mínimas compartidas podría facilitar la construcción de un mercado digital más integrado en América Latina, capaz de aprovechar mejor la infraestructura existente y potenciar el uso productivo de la conectividad en toda la región”.
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Buenas prácticas y retos en la región, según Asiet
El estudio también identifica ejemplos concretos de innovación regulatoria que han demostrado resultados positivos.
“Uno de ellos es el modelo aplicado en Perú conocido como canon por cobertura, que permite a los operadores destinar parte de los pagos asociados al uso del espectro a proyectos de conectividad en zonas rurales”, detalló Méndez.
Según el estudio, esta política ha permitido redirigir hasta 60% de ciertas tasas regulatorias hacia inversiones en despliegue de infraestructura, lo que ha facilitado la expansión de la conectividad en áreas rurales. De hecho, entre 2022 y 2025, esta estrategia contribuyó a conectar 450 localidades rurales adicionales, en comparación con las 177 que se habían atendido previamente.
Méndez destacó que el éxito del modelo peruano “es una innovación regulatoria que podría replicarse en otros países de la región”.
Otro caso destacado en el estudio es el de Brasil, donde el regulador Anatel inició un proceso para revisar la regulación del mercado audiovisual en respuesta a la creciente competencia de las plataformas digitales.
El análisis concluyó que los servicios de streaming representan aproximadamente 87.7% del mercado convergente de contenidos audiovisuales, lo que llevó a replantear el marco regulatorio que tradicionalmente se aplicaba a los operadores de televisión por suscripción.
Esta reinterpretación del mercado relevante permitió eliminar algunas obligaciones regulatorias que ya no respondían a la realidad competitiva del sector.
“En este caso no fue necesario cambiar la normativa, sino reinterpretarla a partir del análisis de mercados relevantes. Eso permitió que los operadores compitan en mejores condiciones”, detalló Méndez.
A pesar de estos avances, el estudio advierte que todavía existen importantes barreras regulatorias que limitan el desarrollo de infraestructura en América Latina. Una de las más relevantes es la llamada “fricción municipal”, que se refiere a la multiplicidad de permisos, costos y requisitos impuestos por gobiernos locales para la instalación de antenas y redes.
Esta fragmentación regulatoria puede retrasar proyectos de inversión y aumentar significativamente los costos de despliegue. En algunos casos, las demoras en permisos y trámites han llegado a paralizar inversiones millonarias.
“Seguimos arrastrando la autorización de trámites, costos y tiempos asociados a los permisos municipales. Es un tema en el que todavía no hemos avanzado lo suficiente”, señaló Méndez.
El estudio también cuestiona el enfoque recaudatorio que todavía predomina en muchas políticas públicas relacionadas con el espectro radioeléctrico.
“Aunque el precio del espectro ha mostrado cierta estabilización en los últimos años, y esto hay que reconocerlo, el costo total para los operadores sigue aumentando debido a impuestos, tasas y obligaciones adicionales”, advirtió la ejecutiva de ASIET.
El informe señala que el costo del espectro como proporción de los ingresos del sector en América Latina aumentó 63% entre 2014 y 2023. Además, los países latinoamericanos disponen de menos de la mitad del espectro sub-8 GHz disponible que otros mercados desarrollados.
“Con menos espectro asignado los costos operativos aumentan, porque se requieren más sitios, más energía y más infraestructura para ofrecer el mismo servicio”, explicó Méndez.
El estudio también analiza el impacto de nuevas obligaciones regulatorias vinculadas al registro de usuarios de servicios móviles. Si bien Méndez reconoce la importancia de contar con sistemas de identificación, advirtió que la incorporación de requisitos adicionales, como datos biométricos o límites al número de líneas por usuario, puede trasladar responsabilidades de seguridad pública a los operadores y generar barreras de acceso para ciertos segmentos de la población.
“Se está trasladando hacia los operadores una responsabilidad que muchas veces sobrepasa sus capacidades”, advirtió.
Tres prioridades para el futuro del sector
De cara a los próximos años, ASIET plantea tres prioridades estratégicas para el desarrollo del ecosistema digital en América Latina.
La primera es impulsar una reforma regulatoria profunda que permita pasar de un modelo de control a uno orientado a la promoción de la inversión y la innovación. Seguida de una asignación de espectro que cuente con precios más asequibles y reduzcan la carga económica asociada a su uso para facilitar el despliegue de redes móviles.
La tercera prioridad es fortalecer la corresponsabilidad entre los distintos actores del ecosistema digital, incluyendo operadores, plataformas tecnológicas, gobiernos y organismos reguladores.