La OCDE insiste en que se elimine la “Cláusula Cablecom” de la ley telecom mexicana

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) reiteró que el artículo transitorio número 9 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión (también llamado “Cláusula Cablecom”) de México es “innecesario e inadecuado” y que “debería eliminarse”.

El organismo internacional ya había solicitado en 2017 la eliminación del artículo que excluye las transacciones de operadores no preponderantes en el sector de telecomunicaciones y radiodifusión del control de concentraciones.

Ahora lo volvió a pedir en el documento Exámenes Inter-Pares de la OCDE sobre Derecho y Política de Competencia de México, presentado ayer. Este análisis es una herramienta que realiza la OCDE para ayudar a fortalecer las instituciones de competencia y mejorar el desempeño económico. Se trata del tercer informe sobre México preparado por el organismo internacional.

“El concepto de preponderancia en un sector como está formulado en la regulación de telecomunicaciones difiere del concepto de posición dominante según la ley de competencia, que exige una evaluación rigurosa del poder de una compañía en un mercado pertinente específico. Debido a la forma en que los sectores se han definido en virtud de la regulación de telecomunicaciones, la exención de concentración (el artículo 9 transitorio de la ley) no parece ser adecuada para proteger la competencia”, dice el documento que elaboró la consultora Mona Caroline Chammas e Iratxe Gurpegui, experta en competencia de la OCDE.

Para analizar las concentraciones, la OCDE aseguró que las prácticas internacionales sugieren un análisis más económico y un mayor desarrollo de las herramientas de estadística y econométricas en México.

El informe analiza las dos autoridades de competencia que tiene México: el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) y la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece). La OCDE destaca que ambas autoridades de competencia “son órganos constitucionales autónomos, el nivel más alto de independencia institucional en México, y están bien considerados a nivel nacional e internacional dentro de la comunidad de profesionales, agencias pares y la administración mexicana”.

Un punto que hace hincapié el informe es la división de los casos entre el IFT y la Cofece: ambos organismos consideran que los límites entre los casos que caen bajo la jurisdicción de cada uno son claros, pero las partes interesadas han pedido más transparencia en la división de tareas.

“Las agencias deberían cooperar y llegar a un acuerdo sobre quién debería estar a cargo de resolver los casos híbridos (…). México debería considerar la adopción de directrices sobre los criterios para la asignación”, afirma el estudio.

También la OCDE considera que las autoridades de competencia deberían usar menos las decisiones de compromiso para así poder generar jurisprudencia sobre prácticas verticales y unilaterales. “Las autoridades de competencia deben elaborar directrices sobre el análisis económico sustantivo que distinga entre el marco analítico aplicable a las conductas unilaterales y el aplicable a los acuerdos no horizontales”, detalla.

Para la OCDE, la reforma constitucional del 2013 ha mejorado sustancialmente la revisión judicial de las decisiones de competencia, pero México debería adoptar medidas para permitir, por ejemplo, que los jueces especializados adquieran los conocimientos especializados necesarios, permitiendo mandatos más largos e invirtiendo en programas regulares de capacitación.

Por último, sugiere que el país debería considerar celebrar acuerdos de cooperación de segunda generación que permitan el intercambio de información confidencial sin el consentimiento previo del propietario de la misma.