La lucha por la monopolización: taxis de Cancún vs. plataformas digitales

El Economista Jimena Ortiz

El servicio de taxis en Quintana Roo se ha desarrollado durante décadas bajo un esquema de 14 sindicatos que han monopolizado el sector en prácticamente todos los rincones del estado, incluidas las principales ciudades turísticas, como Cancún. El presidente López Obrador, sin embargo, negó que existan afectaciones al turismo tras la alerta de seguridad que emitió la Embajada de Estados Unidos por las protestas violentas de taxistas en Cancún que han ocurrido recientemente contra la plataforma Uber, y que han resultado en lesiones a algunos ciudadanos estadounidenses.

El aeropuerto de Cancún (AIC) recibió un récord de más de 30 millones de pasajeros en 2022, pese a hechos violentos, como disputas entre narcotraficantes, que han resultado en la muerte de turistas. El más poderoso, por número de operadores y unidades, es el Sindicato Andrés Quintana Roo de Cancún, que cuenta con alrededor de 12,000 autos en operación, seguido de Playa del Carmen -con el gremio Lázaro Cárdenas del Río- que tiene al menos 7,000 vehículos agremiados.

Los cobros excesivos son también una queja recurrente de los usuarios. Con la eventual entrada de Uber a Quintana Roo, tras un amparo concedido el pasado 11 de enero, que le permite operar sin una concesión en el estado, los contrastes en los cobros de uno y otro esquema de transportación se hacen evidentes. Aunque teóricamente existe un tarifario que expide el Instituto de Movilidad para traslados de la ciudad al aeropuerto, que indica un costo de 329 pesos por viaje -contra los 375 que cobra Uber-; en los hechos, los taxis cobran entre 500 y 700 pesos a residentes locales y hasta 1,200 pesos a turistas extranjeros por ese mismo traslado.

En México, para el servicio de taxi en aeropuertos, por ser del ámbito federal, se usa el modelo de “acceso restringido”, ya que es necesario contar con un permiso otorgado por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), además de firmar un contrato o convenio con los administradores aeroportuarios, en el cual se establecen los pagos y contraprestaciones por estos servicios, de acuerdo con la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece).

En su análisis, la Cofece destaca que, como consecuencia del modelo de acceso restringido y de la normativa aplicable, únicamente los vehículos que cuenten con un permiso de autotransporte federal de pasajeros pueden trasladar personas desde los aeropuertos. Asimismo, están impedidos para recoger pasaje a menos que se acuerde previamente una dirección con el usuario con destino al propio aeropuerto. Por lo anterior, las unidades autorizadas suelen realizar un viaje de regreso sin pasajeros. Estos viajes vacíos implican costos de consumo de combustible y tiempo de trayecto que resulta ineficiente por la subutilización de las unidades. Adicionalmente, el otorgamiento de permisos de autotransporte de pasajeros desde los aeropuertos se ve afectado por una decisión discrecional por parte de los administradores aeroportuarios, debido a que la norma no establece los supuestos que se deben considerar para emitir opinión favorable. Dicha decisión otorga a los administradores aeroportuarios la capacidad de restringir artificialmente la oferta de los servicios, lo que establece incentivos que limitan el número de participantes en el mercado y alteran los precios.

En 2016, la Cofece impuso una sanción de 63 millones de pesos al AICM “por la comisión de prácticas monopólicas relativas que consistieron en el establecimiento de cláusulas discriminatorias que impedían el acceso de nuevos participantes (agrupaciones de taxistas) al mercado”. En el mismo año, la Comisión inició una investigación por posibles prácticas monopólicas en el AIC, hoy epicentro de la polémica. La Cofece acreditó que el AIC negó el acceso a tres agentes económicos, al ser el único que puede arrendar los espacios y conceder los derechos de acceso al uso de la infraestructura aeroportuaria a las agrupaciones de taxis. Esta conducta se llevó a cabo entre febrero de 2010 y abril de 2018. El 25 de julio de 2019 el Pleno de la Cofece acreditó la responsabilidad del AIC en la comisión de esta práctica, ordenó su supresión e impuso una sanción de más de 72 millones de pesos.

Asimismo, en noviembre de 2016, la Cofece recomendó al Congreso estatal y a la Secretaría de Comunicaciones, Infraestructura y Transportes (SCIT) modificar la normatividad que aplica a los prestadores del servicio público de autotransporte de pasajeros en su modalidad de taxi, desde los aeropuertos nacionales, y transitar del actual modelo de acceso exclusivo a uno abierto para promover la competencia y la libre concurrencia, toda vez que permitiría el libre acceso de cualquier agente económico que preste este tipo de servicio y cumpla con los requisitos. La medida se suma a una opinión del Pleno de la Cofece -dirigida al Gobierno de la Ciudad de México, los gobernadores de los Estados y las legislaturas locales- sobre el impacto que los servicios de transporte de personas por medio de plataformas móviles tienen en el proceso de competencia y libre concurrencia.

Estos servicios de movilidad, también conocidos como empresas de redes de transporte (ERT), permiten: 1) conocer la identidad del conductor y los datos del vehículo previo al abordaje; 2) planificar automáticamente la ruta, lo que elimina la posibilidad de que los conductores se desvíen de ésta indebidamente y cobren un precio o tarifa más elevados; 3) arrojar una tarifa dinámica, de acuerdo a las condiciones de oferta y demanda en tiempo real; 4) facturar de acuerdo a las leyes fiscales correspondientes, y desglosar y transparentar la tarifa dando al usuario información suficiente sobre el cobro; 5) evaluar a choferes y, 6) conocer, en tiempo real, la disponibilidad del servicio y los periodos de espera requeridos para iniciar el viaje.

Es decir, derivado de la tecnología y la innovación, las ERT ofrecen una modalidad de transporte con atributos diferenciados en cuanto a: i) confiabilidad y seguridad personal, ii) certidumbre sobre el cobro que se va a realizar y el método de pago a utilizarse, iii) confort y conveniencia, iv) búsqueda y tiempos de espera, e v) información sobre el traslado. Por lo tanto, se trata de un nuevo producto en el mercado. Además, según lo estipulado en las legislaciones locales, las ERT realizan aportaciones a fideicomisos locales para mejoras, además de pagar impuestos. Por ejemplo, según la Ley de Movilidad de la Ciudad de México establece que las ERT deben aportar 1.5% de los ingresos de cada viaje al Fondo para el Taxi, la Movilidad y el Peatón.

A nivel federal, con datos del primer trimestre de 2021, la recaudación de la economía digital en México había registrado un crecimiento de 642% sumar 6,311.4 millones de pesos con respecto al 2020. A esto se añaden los beneficios por ingresos en turismo, un sector que registró a diciembre de 2022 una balanza turística positiva que registró un saldo acumulado de ingresos por divisas de 18,637 millones de dólares, 41.6% más que 2019. Asimismo para 2022, el gasto en consumo por turismo dentro del país registró un aumento del 21.2% respecto del año anterior, que se tradujo en pago de impuestos indirectos como IVA y IEPS, con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

or el lado del consumidor, los servicios de las ERT son solicitados por segmentos de la población que cuentan con acceso a medios de pago electrónicos y dispositivos de comunicación inteligentes. Es decir, se ha creado una nueva base de consumidores. Incluso, en la prospectiva de la movilidad, según estudios internacionales, se pronostica que serán una alternativa primordial al uso del automóvil particular. Por lo anterior, es razonable la recomendación de la Cofece a las autoridades para que reconozcan formalmente esta nueva categoría de transporte que tiene un impacto relevante en la dinámica social; y, en el marco normativo, se enfoquen en tutelar derechos públicos elementales en seguridad, protección al usuario, promoción de la competencia, y regulaciones inteligentes de tarifas y contraprestaciones para los conductores. En el caso del turismo, el brindarle soluciones logísticas efectivas y asequibles, tendrá un impacto positivo en la economía. Recordemos que hoy, este sector participa en un 8.7% en el Producto Interno Bruto y genera 4.5 millones de empleos directos e indirectos.