La geopolítica de las plataformas se convirtió en variable de la política comercial de Trump contra Brasil
El “tarifazo” de Donald Trump contra Brasil, anunciado a finales de julio y que entró en vigor el 6 de agosto, no se trata simplemente de aranceles. Es una nueva guerra fría bajo la justificación de un “déficit comercial” inexistente, que mezcla retórica económica con chantaje político y digital, apuntando tanto al sector tecnológico como al marco regulatorio brasileño en torno a las redes sociales. Se trata de un relanzamiento del antiguo juego imperialista estadounidense; un intento de Washington de reafirmar su influencia sobre América Latina –y el resto del mundo.
Trump utilizó la agenda de las redes sociales para dar al tarifazo un disfraz ideológico, pero dio un “paso atrás” en lo que realmente afecta el bolsillo del consumidor estadounidense. A pesar de que su decreto eleva los aranceles al 40% adicionales sobre el 10% previamente anunciado en la mayoría de los productos exportados por Brasil a EE. UU., un anexo exime 694 subitems, incluyendo 33 relacionados con la cadena de telecomunicaciones, además de smartphones y electrónicos.
El retroceso se integró a la narrativa “TACO” (Trump Always Chickens Out), mostrando que el presidente habla fuerte, pero retrocede cuando el impacto real recaería sobre consumidores y empresas estadounidenses. Más allá del desdén jocoso, esto evidencia una lógica estratégica: usar retórica ideológica presiona la soberanía ajena, pero sin interrumpir cadenas productivas críticas de EE. UU.
Brasil no es un exportador relevante de smartphones o equipos de telecomunicaciones hacia Estados Unidos. En la práctica, la balanza comercial de bienes tecnológicos es superavitaria para EE. UU., que venden más a Brasil que al revés, incluyendo semiconductores, componentes de TI y electrónicos de consumo. Es decir, el tarifazo no impacta directamente al sector TIC/telecom nacional, pero funciona como instrumento de presión sobre regulación digital, plataformas y decisiones estratégicas de inversión.
Según el Ministerio de Desarrollo, Industria, Comercio y Servicios (MDIC) y la Amcham, Estados Unidos mantiene un superávit comercial recurrente con Brasil desde 2009. Entre 2023 y 2024, el saldo fue de aproximadamente 15,000 millones de dólares, y en el primer trimestre de 2025, alrededor de 3,200 millones de dólares.
El comercio bilateral tiene un perfil de alta industrialización: estudios de Amcham y Comex indican que cerca del 79% de las exportaciones brasileñas hacia EE. UU. son productos manufacturados de mayor valor agregado (aviones, maquinaria, químicos y electrónicos), distinto a la relación de cambio de commodities con China.
En cuanto al impacto real del tarifazo en sectores TIC, telecom y chips, como se indicó, es limitado. La mayor parte de los productos de alta tecnología fue exenta de los aranceles adicionales, y los operadores brasileñas (Vivo, TIM, Claro) no prevén impactos significativos, aunque Vivo ha sido transparente al indicar que trasladaría los costos al consumidor en caso de aumento.
Qualcomm admite que los aranceles aumentan la incertidumbre, pero aclara que es fabless, con producción tercerizada a Samsung, TSMC y GlobalFoundries, que ya operan líneas en Estados Unidos. La consecuencia es que, incluso en medio de la retórica dura, la cadena de suministro tecnológica sigue relativamente intacta.
Para mitigar riesgos macroeconómicos, el gobierno brasileño lanzó la Medida Provisoria Brasil Soberano, con 30,000 millones de reales en crédito (alrededor de 5,500 millones de dólares) del Fondo Garantidor de Exportaciones (FGE), alivios tributarios y compras públicas para sectores afectados como agroindustria, manufacturas y pequeñas y medianas exportadoras, medidas que pueden generar indirectamente estabilidad a corto plazo: demanda interna sostenida y menor volatilidad cambiaria de lo que habría en un escenario de “ojo por ojo” tarifario.
Aun así, la dependencia tecnológica de Brasil en componentes de EE. UU., combinada con más de 3,600 empresas estadounidenses operando en el país, refuerza el escenario en el que Washington puede vincular comercio, regulación digital y política exterior a sus objetivos estratégicos. La Ley Magnitsky, que sancionó al ministro de la Corte Suprema, Alexandre de Moraes, sólo evidenció el efecto de chantaje sobre Brasilia.
Una amenaza de interferencia real
Tras bambalinas, el Planalto ve algo aún más grave: el tarifazo y las sanciones serían parte de una estrategia estadounidense de “cambio de régimen” en Brasil. Según un reportaje de Folha de São Paulo, Trump apunta no sólo a presionar al Supremo Tribunal Federal (STF) en el juicio al expresidente Jair Bolsonaro, programado para septiembre, sino también a influir directamente en el proceso electoral de 2026.
De acuerdo con la investigación periodística, integrantes del gobierno creen que la Casa Blanca busca garantizar que haya un candidato ideológicamente alineado con Trump en la boleta. Eduardo Bolsonaro, hijo del expresidente, que ya afirmó haber articulado la presión de Trump contra Brasil, dijo que si su padre no compite, EE. UU. no reconocerá la elección brasileña.
Jair Bolsonaro fue declarado inelegible hasta 2030 por el Tribunal Superior Electoral (TSE), en decisión mayoritaria (5 a 2) el 30 de junio de 2023, por abuso de poder y problemas en la rendición de cuentas de su campaña de 2018. A pesar de la inelegibilidad, Bolsonaro afirmó que se considera candidato para 2026.
El tablero, finalmente, es más amplio que las dimensiones continentales de Brasil: Trump criticó la detención de Álvaro Uribe (Colombia), elogió acciones contra Cristina Kirchner (Argentina) y presiona a los vecinos para alinear posiciones. En Brasilia, se interpreta que Estados Unidos busca recolocar a América Latina en su “patio trasero”. Para blindarse, Brasil busca costuras regionales, como acercamiento con Daniel Noboa (Ecuador), y diálogo global con Macron, Merz, von der Leyen y Ramaphosa.