Reforma Jorge Fernando Negrete P.
¿El error del Presidente está en sus ganas? ¿En su entusiasmo por conectar a la sociedad? ¿En el legítimo deseo de ayudar a los pobres? No, el error está en el menosprecio a lo realizado, a la extraordinaria arquitectura institucional con la que cuenta; al abandono de sus asesores estrella.
México tiene que conectar a todos los mexicanos. Garantizar el acceso a Internet y de servicios de telecomunicaciones. Esto es un mandato constitucional. Cuando existe asimetría en el consumo de bienes y servicios, el Estado convoca una de sus más fascinantes facultades de acción pública: la rectoría económica. En 1984 surgió el capítulo económico de la Constitución y se incorporaron una serie de herramientas para dirigir la actuación del Gobierno cuando tiene que actuar ante una situación de vulnerabilidad social o marginación económica.
Desde la Economía Política, una perspectiva de análisis y enfoque sobre lo público, se fundamentó para generar estas herramientas. Si se quiere ver desde el lado político, este enfoque es eminentemente marxista, con la intención de incidir, con lucidez, frente al mercado. ¿De qué se trata? El Estado cuenta con facultades de orientación o política pública; estímulos, de tipo fiscal o fondos de inversión; regulación, al crear órganos regulatorios, sobre todo de competencia; y de sustitución, como la empresa pública.
Para efectos del sector de telecomunicaciones, hemos tenido de todo: una política fiscal mal diseñada con el IEPS, viejos fondos de acceso universal que nadie sabe dónde están y empresas públicas como Telecomm, Satmex (desincorporada) y facultades de cobertura propias de la Subsecretaría de Comunicaciones.
La Subsecretaría de Comunicaciones desarrolló un espléndido trabajo con el programa México Conectado, hubo momentos relevantes de cobertura de Internet satelital y servicios financieros por parte de Telecomm de México, y recientemente, la Reforma de Telecomunicaciones creó una asociación público-privada bajo la forma de una Red Compartida.
Es decir, tres acciones de política pública se orientaron a garantizar el derecho de acceso a Internet y servicios de telecomunicaciones establecidos en la Constitución.
Desde el lado regulatorio, los operadores de telecomunicaciones como Movistar, AT&T y América Móvil cuentan con un título habilitante, una concesión. Este instrumento es un poderoso documento del derecho mexicano que en la nueva legislación incorpora el concepto de servicio público. Es una acción impuesta al operador con la finalidad de que su servicio llegue a todos los ciudadanos. Por si fuera poco, México es el único país en América Latina donde un mandato constitucional se tutela con título de concesión.
¿Se puede mejor? Imposible. Ahora bien, ¿llegan los servicios de telecomunicaciones a todos los mexicanos? No, el ejercicio de estas acciones es un fin, un objetivo y el mismo es programático, es decir, se llegará con el tiempo y bajo la dirección de la política pública y regulatoria. En suma, México tiene 3 acciones de política pública y una de tipo regulatorio en su reserva de acciones para cumplir con el cometido principal de conectar a cada mexicano.
El capítulo que viene es más complejo, el de la política pública y sus indicadores, de la cultura de la gerencia pública: medir, evaluar y avanzar, corregir, coordinar acciones de política pública con la regulatoria. No se falla en el propósito, se falla en la estrategia, en las acciones.
Por eso es preocupante el surgimiento de la nueva empresa de telecomunicaciones que quiere hacer el Presidente de la República. El triunfo de la voluntad sobre la técnica y de las ganas sobre la política pública, han logrado que nazca el cuarto esfuerzo institucional adicional a los mencionados, haciendo lo mismo, sin coordinación y desprecio al esfuerzo ajeno. Sólo hay esperanza si regulador y Gobierno federal aprenden a trabajar juntos, y cumplen el mandato constitucional diseñando juntos, el plan de Inclusión Digital Universal.
Presidente de Digital Policy & Law
Twitter: @fernegretep
