Justicia y contenidos: el avance de la piratería y el daño asociado
Montevideo, Uruguay. El flagelo de la piratería avanza en la región. Durante la segunda jornada del Encuentro de Ministros de América del Sur, organizado por Certal, se discutieron formas efectivas de desactivar esta práctica y dificultades de la adaptación de la Justicia ante el avance de la tecnología. También se debatió si el bloqueo es la solución definitiva y la importancia de resguardar derechos de propiedad intelectual.
“Estamos evaluando si las decisiones respecto a piratería en Uruguay han resultado eficientes”, indicó el presidente de la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones (Ursec), Gonzalo Balseiro. Mencionó específicamente la normativa destinada a sancionar la difusión de contenidos a través de redes no legitimadas para esos fines y al bloqueo de sitios en tiempo real.
Mientras los operadores, como Telecom, se quejaron de que mucha de la actividad relacionada a este tipo de prácticas queda “en manos de las víctimas” y tiene efecto una vez ejecutados los delitos, los oradores coincidieron en que “el daño de la piratería es irreparable”, como sintetizó Jorge Bacolini, gerente regional de Antipiratería del Grupo Vrio y presidente de la Alianza contra la Piratería Audiovisual.
Además de la violación de derechos de propiedad intelectual, la piratería genera riesgos asociados, porque son una puerta abierta para acceder a contenido inapropiado para menores o a sitios de apuestas que están a la fecha en el ojo de la tormenta por el daño asociado a trastornos como la ludopatía. Esto en un contexto en el que “los sitios de este tipo están activos durante dos o tres meses, que la mayoría de las veces es más tiempo que lo que demora una decisión judicial”, expuso el consultor independiente Martín Motta.
En paralelo, se habló del uso de Inteligencia Artificial (IA) con fines judiciales, desde el debate sobre si la IA puede “inspirarse” de documentación protegida por propiedad intelectual –o acaso es esta una nueva forma de piratería– hasta si la tecnología es capaz de dotar de más eficiencia al sistema judicial, un punto que también se conversó en el día previo con la conclusión de que “al momento no”, y que cualquier uso debería ser supervisado por un humano capacitado en la materia.
En el encuentro también se expuso sobre la importancia de los contenidos como patrimonio cultural de los países y se deslizó la necesidad de generar normas para que los OTT participen en las inversiones de las autopistas digitales sobre las que se genera el tráfico. A nivel judicial, en tanto, se pidió por una Justicia independiente y en constante proceso de capacitación para la toma de decisiones.
La vicepresidenta de Uruguay, y expresidenta de Antel, Carolina Cosse, consideró en el panel de apertura que “Uruguay reaccionó de forma inteligente al crecimiento audiovisual” y señaló a la piratería y el cibercrimen como “riesgos asociados” a la actividad sectorial. Abogó por la defensa de los derechos humanos ante el avance de la IA y valoró el despegue de la industria del software en el país: “aporta el 4% del PBI y emplea a 40 mil personas como su quinta actividad más relevante”; en 2023 generó exportaciones por 2,100 millones de dólares.