Justicia de Río de Janeiro vuelve a liberar recursos de Oi para pagar salarios
La Justicia de Río de Janeiro volvió a autorizar la liberación de recursos de Oi que estaban retenidos en una cuenta judicial, lo que abrió la posibilidad de reanudar los pagos a trabajadores y otros acreedores de la operadora brasileña. El principal movimiento involucra cerca de R$ 517.4 millones depositados en una cuenta escrow en Bradesco, vinculados a garantías regulatorias relacionadas con compromisos ante la Agencia Nacional de Telecomunicaciones (Anatel).
La liberación fue determinada en el marco de decisiones de la 7ª Vara Empresarial del Tribunal de Justicia del Estado de Río de Janeiro (TJ-RJ) y de la jueza Mónica Maria Costa di Piero, que suspendieron los efectos de la sentencia de quiebra de Oi y restablecieron la conducción del proceso de recuperación judicial de la compañía. Parte de los recursos venía siendo señalada como esencial para el cumplimiento de obligaciones inmediatas, especialmente salarios, beneficios e indemnizaciones por despido.
Sin embargo, el panorama sigue siendo jurídicamente inestable. Tras la autorización inicial, la medida fue cuestionada por organismos del gobierno federal, como la Abogacía General de la Unión (AGU), y por la propia Anatel, lo que llevó a una nueva revisión del caso en el turno judicial del TJ-RJ, con decisiones de suspensión de los efectos de la liberación.
Representantes sindicales calificaron el cambio de rumbo como un riesgo directo para la continuidad de los pagos a los trabajadores y para el mantenimiento de las operaciones de Oi, que incluyen servicios esenciales (seguridad, emergencias, etc.).
Este movimiento de “ida y vuelta” judicial ocurre en medio de la ejecución de demandas laborales que buscan incluir garantías de la compañía y de entidades relacionadas, incluida la subsidiaria Serede, para asegurar el pago de créditos, además de bloqueos ya registrados en cuentas y activos a lo largo de 2025.
Hasta el momento, no hay confirmación pública de que los valores hayan sido transferidos íntegramente para el pago de salarios u otras obligaciones, ni se ha divulgado un cronograma definitivo de pagos.
En la práctica, la liberación señala la existencia de recursos disponibles, pero la sucesión de recursos, medidas cautelares y suspensiones mantiene el escenario altamente incierto para trabajadores y acreedores. Mientras no exista una decisión judicial definitiva que consolide el destino de los fondos, el flujo de pagos seguirá sujeto a nuevas interrupciones.