Justicia acelera el desmantelamiento del Grupo Oi con la liquidación de Serede
La Justicia de Río de Janeiro, Brasil, dio el pasado viernes 19 de diciembre un nuevo paso en el desmantelamiento del Grupo Oi al anticipar los efectos de la liquidación de Serede, subsidiaria responsable de los servicios de red de la operadora y que se encuentra en recuperación judicial. La decisión, firmada por la jueza Simone Gastesi Chevrand, del 7º Juzgado Empresarial, es vista dentro del proceso como un movimiento preparatorio para la declaración definitiva de la quiebra de la empresa.
La medida replica, en parte, el camino adoptado con la propia Oi a finales de septiembre, al suspender por 60 días las obligaciones extraconcursales de Serede (vencidas y futuras), determinar la rescisión automática de los contratos vigentes y ordenar el inicio inmediato de la recaudación de bienes.
También se autorizó la celebración de rescisiones de contratos laborales, en articulación con los sindicatos, ante la situación crítica de la plantilla. De los cerca de 4,700 empleados de la empresa, 1,700 se encuentran actualmente ociosos, según la Justicia, sin que existan recursos disponibles para el pago de las indemnizaciones.
El deterioro financiero de Serede fue llevado al Poder Judicial por la propia administradora judicial de la compañía, la abogada Tatiana Binato, quien sugirió la conversión de la recuperación judicial en quiebra. En el pedido, señaló la inviabilidad de compatibilizar activos y pasivos y un pasivo estimado en alrededor de R$ 800 millones, para el cual no se vislumbra solución.
Según consta en el proceso, la empresa opera hoy con apenas dos contratos (ambos con Oi, vinculados a la gestión de la red y al retiro de cobre), pero acumula morosidad desde febrero de este año, que ya asciende a R$ 44 millones.
Al justificar la anticipación de los efectos de la liquidación, la jueza afirmó que la medida busca impedir el agravamiento del endeudamiento y dar transparencia a la situación de la empresa, “en respeto a sus colaboradores y acreedores”. A diferencia del caso de Oi, cuya quiebra llegó a ser decretada y luego revertida en segunda instancia tras recursos de grandes bancos, los principales acreedores de Serede son los propios trabajadores.
Subasta inversa
El movimiento en torno a Serede ocurre en paralelo a nuevas medidas adoptadas en el proceso de recuperación judicial de Oi. También bajo la conducción del 7º Juzgado Empresarial, la operadora recibió autorización para realizar una subasta inversa de hasta R$ 250 millones destinada al pago de acreedores extraconcursales, además de un reparto adicional de R$ 100 millones para saldar parte de las obligaciones concursales en atraso. El auto que autorizó las iniciativas fue firmado por Chevrand el 18 de diciembre, atendiendo una solicitud de la gestión judicial de la compañía.
El viernes 19 de diciembre, la Justicia puso a disposición la versión del pliego de la subasta inversa, que involucrará créditos constituidos fuera del plan de recuperación judicial entre marzo de 2023 y noviembre de 2025. Para créditos de hasta R$ 1 millón, se exigirá un descuento mínimo del 40% para la presentación de propuestas; por encima de ese valor, el descuento mínimo será del 70%. Cada acreedor ganador podrá recibir, como máximo, R$ 20 millones.
Al analizar el pedido, la magistrada destacó la grave situación de caja de la operadora y el crecimiento expresivo de los pasivos concursales y extraconcursales a lo largo del año, lo que, según afirmó, exige “medidas estratégicas rápidas”. Chevrand recordó además que las obligaciones extraconcursales de Oi permanecen suspendidas hasta enero de 2026 por decisión de segunda instancia, pero autorizó el inicio inmediato de los procedimientos ante la proximidad del receso del Poder Judicial, dejando eventuales manifestaciones de las partes para un momento posterior.
Actualmente, Oi acumula al menos R$ 2,200 millones en pasivos extraconcursales no contemplados en el plan de recuperación judicial, además de cerca de R$ 330 millones en obligaciones concursales en atraso. Estos incumplimientos llegaron a resultar, en el segundo semestre, en la declaración de quiebra de la compañía, posteriormente revertida.
En el mismo auto, la jueza también homologó los honorarios del gestor judicial de Oi, Bruno Rezende, de Preserva-Ação, fijados en el 5% sobre los valores efectivamente pagados a los acreedores. Desde finales de septiembre, Rezende acumula las funciones de gestor y administrador judicial de la operadora, con atribuciones que incluyen la conducción de la liquidación ordenada de activos, un proceso que, según la magistrada, puede alcanzar incluso el núcleo de la actividad empresarial de la compañía, concentrado en Oi Soluções.