Juez de Brasil es demandado en EE. UU. por interferir la libertad de expresión en red social
La creciente tensión entre la libertad de expresión en las redes sociales y la regulación gubernamental ha sumado un nuevo capítulo con Trump Media & Technology Group, empresa vinculada al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y la plataforma de videos Rumble, demandando al ministro del Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil, Alexandre de Moraes.
La demanda fue presentada en un tribunal de los Estados Unidos, con acusaciones de que Moraes habría violado la libertad de expresión garantizada por la Primera Enmienda de la Constitución estadounidense al “censurar voces conservadoras” en la red social Rumble.
El proceso se centra en las órdenes del juez contra Allan dos Santos, un activista brasileño de derecha y seguidor del expresidente Jair Bolsonaro, quien a su vez es aliado de Trump. Allan dos Santos reside en Estados Unidos desde 2021, cuando Moraes ordenó la eliminación de sus cuentas en todas las redes sociales y le prohibió crear nuevas, tras considerar que estaba involucrado en actividades como la difusión de desinformación y amenazas a la Corte Suprema de Brasil.
En la demanda contra el juez del Supremo Tribunal Federal, la acusación principal es que estas decisiones constituyen una forma de “censura extraterritorial”, es decir, una interferencia de Brasil en plataformas de redes sociales dentro de los Estados Unidos. Esto se considera una violación de los derechos constitucionales estadounidenses, en particular de la ya mencionada Primera Enmienda, que protege la libertad de expresión.
Libertad de expresión en EE. UU. y Brasil
En Estados Unidos, la libertad de expresión es un principio fundamental garantizado por la Primera Enmienda de la Constitución. La legislación estadounidense pone un fuerte énfasis en la protección del discurso, especialmente en las plataformas digitales, que son vistas como un espacio esencial para el debate público.
Sin embargo, esta libertad no es absoluta, con excepciones relacionadas con la difamación, el discurso de odio y la incitación a la violencia. En cuanto a la censura digital, las plataformas tienen la libertad de moderar el contenido, pero la intervención del gobierno para restringir la libertad de expresión es limitada.
En Brasil, la situación es diferente. La Constitución de 1988 garantiza la libertad de expresión, pero también impone restricciones en casos de discurso de odio, noticias falsas y amenazas al orden democrático.
El país, especialmente bajo la presidencia de Bolsonaro, experimentó un aumento en las tensiones sobre el control de las redes sociales, con investigaciones contra movimientos de apoyo al expresidente y acciones legales contra sus aliados políticos.
En 2023, el STF ordenó la suspensión de algunas cuentas en redes sociales, especialmente en X (antes Twitter), como parte de los esfuerzos para combatir la desinformación y el discurso extremista. Entre otras consecuencias, esto llevó a la suspensión de la propia plataforma durante un mes en Brasil.
La demanda presentada por Trump Media y Rumble pone en cuestión la relación entre el derecho a la libertad de expresión en las redes sociales y los esfuerzos del gobierno brasileño por moderar contenidos.
Con las plataformas digitales convirtiéndose en un campo de batalla para conflictos ideológicos y políticos, la jurisprudencia sobre censura y libertad de expresión sigue evolucionando, planteando desafíos tanto en Brasil como en Estados Unidos. Al mismo tiempo, este caso podría abrir una ventana de debate sobre la regulación del espacio digital desde una perspectiva global.