Inestabilidad y sobrerregulación ponen en riesgo el desarrollo de 5G en Perú: AFIN
La AFIN advirtió que el entorno político y regulatorio en Perú van en sentido contrario a los objetivos de conectividad, 5G e inclusión digital.
La Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional (AFIN) lanzó una alerta sobre el rumbo que está tomando la política pública y la regulación de telecomunicaciones en Perú.
Según la organización, una combinación de medidas “arbitrarias”, debilidad institucional y un entorno sancionatorio cada vez más agresivo está comprometiendo la sostenibilidad financiera y técnica del sector, lo que afectará la expansión de la conectividad y el desarrollo de 5G.
Una de las principales preocupaciones de la AFIN es el reglamento que obliga a los operadores de telecomunicaciones a frenar las comunicaciones ilegales desde penales y centros juveniles, e impone duras sanciones si no cumplen con la restricción de señales.
El gremio advirtió que esta regulación traslada al sector privado responsabilidades que corresponden al Estado, particularmente en materia de seguridad ciudadana.
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La AFIN detalló que se busca imponer a las empresas de telecomunicaciones la obligación de bloquear señales en establecimientos penitenciarios, incluso redes WiFi, mediante soluciones técnicas que no necesariamente son eficaces para resolver el problema de fondo.
Actualmente, sólo alrededor del 40% de los penales y centros juveniles del país cuenta con sistemas de bloqueo, lo que, según la asociación, evidencia fallas estructurales de gestión pública.
“Este déficit no se resolverá trasladando nuevas exigencias y sanciones a los operadores privados”, sostuvo la asociación, y subrayó que el control de los centros penitenciarios es una atribución estatal.
Multas sobrecargan al sector
A este escenario se suma lo que AFIN califica como una “hiperinflación sancionatoria” en el sector telecomunicaciones.
Particularmente, la organización se refirió al esquema de multas contra las empresas del sector. De acuerdo con el gremio, se ha quintuplicado en los últimos años, sin que ello se haya traducido en mejoras sustantivas en la calidad del servicio o en el cierre de la brecha digital.
Como ejemplo, el Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel) impuso multas por más de 184 millones de soles a los principales operadores por infracciones relacionadas con la venta ambulatoria de chips y el incumplimiento de medidas vinculadas al Registro Nacional de Equipos Móviles para la Seguridad (Renteseg) entre 2020 y 2025.
Y aunado a ello, la organización señaló que, en el marco de las facultades delegadas al Ejecutivo, se pretende exigir la presentación de cartas fianza como requisito para que las empresas puedan acudir al Poder Judicial.
La AFIN comentó que esta exigencia vulnera en la práctica el derecho de defensa de las empresas, elevando de forma significativa los costos de litigar frente al Estado.
Además, advirtió que la presión sancionatoria acumulada ya supera el 11% de las inversiones del sector al cierre de 2024, un nivel que pone en riesgo la viabilidad financiera de las empresas, particularmente de aquellas que deben realizar fuertes desembolsos de capital para el despliegue de redes 4G y 5G.
AFIN alerta inestabilidad en Pronatel y MTC
Otra de las alertas de la organización se enfoca en el entorno de inestabilidad institucional en el país. En el último año –expuso–, el Programa Nacional de Telecomunicaciones (Pronatel) ha tenido tres directores ejecutivos, mientras que la Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica (operada por esta entidad) presenta fallas recurrentes que afectan los servicios mayoristas que utilizan los operadores para atender a los usuarios finales.
El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) también atraviesa múltiples cambios en posiciones técnicas, justo cuando se encuentran en ejecución las obligaciones de cobertura asociadas a los contratos vinculados al despliegue de 5G, y a menos de seis meses de un nuevo cambio de gobierno.
La asociación dijo que esta rotación introduce incertidumbre regulatoria en un momento crítico para la planificación de inversiones de largo plazo.
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Desde la perspectiva de AFIN, la suma de sobrerregulación, traslado indebido de responsabilidades estatales al sector privado y fragilidad institucional está erosionando la confianza de los inversionistas y retrasando una política pública esencial para el desarrollo de Perú.
Perú aún enfrenta un problema profundo en cuanto a la brecha digital, especialmente en zonas rurales y amazónicas.
En ese contexto, la AFIN considera que las recientes medidas van en sentido contrario a los objetivos de conectividad e inclusión digital, por lo que se corre el riesgo de postergar el acceso efectivo a Internet de millones de ciudadanos y de perder competitividad económica.