Habilitar radio FM encarecería celulares y limitaría oferta a usuarios peruanos: AFIN
Los proyectos de ley Nº 10285 y 10526/2024-CR, que obligan a los operadores móviles y a las empresas comercializadoras de celulares a habilitar la función de radio de frecuencia modulada (FM) encarecería los equipos y limitaría la oferta para los consumidores peruanos, advirtió la Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional (AFIN).
A través de un comunicado emitido este martes, la asociación, que agremia a los principales operadores de telecomunicaciones de Perú –Claro, Entel, Bitel y Movistar–, manifestó su preocupación por la aprobación de dichos proyectos en la Comisión de Transportes y Comunicaciones del Congreso el lunes 16 de junio con 11 votos a favor y 5 abstenciones.
La asociación lo señaló también por no considerar “opiniones técnicas ni la realidad del mercado”.
El dilema de la radio: emergencia vs. fabricación
La AFIN dijo reconocer el valor social de la radio; sin embargo, advirtió que imponer esta funcionalidad en los equipos móviles restringiría la oferta, elevaría los precios y vulneraría el derecho del consumidor a elegir, ya que no todos los equipos, ni siquiera entre los de gama alta, cuentan con esa funcionalidad.
Explicó que los operadores –que no fabrican los equipos y sólo importan una parte– no pueden asumir una obligación que recae en los fabricantes, los cuales responden a las preferencias globales de los usuarios.
La medida, promovida por la congresista Lady Camones, del Partido Alianza para el Progreso (APP), busca garantizar que todos los teléfonos celulares tengan la capacidad de recibir señales directas de FM, sin necesidad de Internet, como una alternativa y herramienta de comunicación vital en situaciones de emergencia, como el fallo de las redes o cortes generalizados de electricidad.
Propuestas y especificaciones
La AFIN arguye que, en lugar del proyecto, que, a su juicio, restringe la libertad de elección del consumidor y perjudica especialmente a la población de menores ingresos, el Estado y las radiodifusoras podrían promover campañas educativas que fomenten el uso de la radio en emergencias, sin comprometer el cumplimiento de tratados comerciales ni perjudicar a los consumidores.
Asimismo detalla que, exigir 72 horas de respaldo energético para la infraestructura de telecomunicaciones en zonas de riesgo, lo que supone prácticamente la totalidad de su territorio por su sismicidad, desconoce el déficit energético que existe en el país, con más del 79% de interrupciones que generan sobrecostos y afectaciones ambientales.
La asociación también argumenta que es impreciso suponer que la funcionalidad garantice la atención de emergencias, ya que el país requiere un sistema autónomo especializado, independiente de las redes comerciales, algo que permanece pendiente desde el terremoto de Pisco.
Finalmente, AFIN se mostró preocupada por esta tendencia de trasladar al sector privado responsabilidades estatales en materia de seguridad ciudadana o control penitenciario al incrementar la “sobrerregulación sin beneficios reales para la ciudadanía”.
Y, por último, instó al Congreso a instalar mesas técnicas para evaluar estas propuestas con mayor profundidad y promover un diálogo constructivo con el sector privado. “La voluntad de colaborar existe; lo que hace falta es ser escuchados”, concluyó.