Fin al DNU 690: El Gobierno argentino eliminó el control de precios de los servicios de telecomunicaciones
También se quita el carácter de servicio público en competencia a las TIC.
A través del Decreto 302/24 publicado esta mañana en el Boletín Oficial, el gobierno de Javier Milei modificó la Ley Argentina Digital para establecer que los licenciatarios de servicios TIC “fijarán sus precios, los que deberán ser justos y razonables, cubrir los costos de la explotación y tender a la prestación eficiente y aun margen razonable de operación”. Y en el artículo 3 derogó el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU 690).
Con esto se pone fin a cuatro años de la norma que impuso el entonces presidente Alberto Fernández durante la pandemia para congelar y después regular las tarifas de los servicios, en una economía hiperinflacionaria. Si bien el control de precios ya no estaba funcionando, gracias a amparos judiciales, la eliminación del DNU era un reclamo del sector al nuevo gobierno.
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La norma publicada esta mañana también elimina el artículo 15 de la Ley Argentina Digital, que establece el carácter de servicio público en competencia a las TIC.
El DNU, publicado en agosto de 2020, convirtió a las TIC en servicios públicos esenciales y estratégicos en competencia y puso bajo jurisdicción del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) garantizar “su efectiva disponibilidad”. Con su entrada en vigencia, el regulador pretendió autorizar aumentos máximos en un contexto de acelerada inflación y se generaron planes básicos universales (PBU) que tuvieron poca o nula adhesión por parte de los usuarios. En otras palabras, prestaciones mínimas a precios preestablecidos.
Inmediatamente después de publicado el decreto, los operadores grandes y pequeños pidieron su revisión. Su argumento central fue que la medida era inconstitucional pero también que resultaría demasiado complejo ponerla en práctica en un contexto de alta inflación (en ese año superior al 50% interanual, hoy más de 276%) y con el exponencial crecimiento de uso de redes y servicios en el contexto de pandemia. Además, la autoridad pública carecía de capacidad técnica para adecuar definiciones de aumentos realistas con base en costos. Las empresas fueron a la Justicia a pedir libertad tarifaria y distintas firmas consiguieron luz verde para definir su estrategia comercial a través de amparos judiciales.