El debate del fair share suscita partidarios fervorosos y detractores convencidos. Pero también abre nuevas discusiones que son capaces de re-perfilar la actual fisonomía del ecosistema TIC. Hacer un “doble clic” sobre estos temas nos permitirá dibujar un “retrato hablado” de cada discusión, pudiendo calibrar mejor su verdadero peso e importancia.
La primera cuestión describe la postura del regulador en el debate del fair share y otros casos similares. ¿Debe abstenerse o debe intervenir? En favor de la abstención está el argumento de que la “contribución justa” es un conflicto comercial entre dos tipos de empresas regidas por el derecho privado.
Por ende, el entendimiento a que lleguen debiera ser privado (un arreglo “a lo compadre”). Si no se alcanza el acuerdo, entonces decidirán los tribunales de justicia. En ambos supuestos la solución componedora queda circunscrita al conflicto concreto de dos particulares.
Una solución privada sería el acuerdo alcanzado por Netflix y SK Telecom, en Corea del Sur. La tecnológica estadounidense asumió el compromiso de financiar proporcionalmente los costes de red que genere la distribución de sus contenidos.
Hasta ahora, la gran mayoría de los Estados entiende el fair share como una discrepancia de particulares. Un problema “inter privatos” que debe resolverse por los mismos afectados o mediante la decisión de un tercero imparcial (juez o árbitro).
Por el contrario, los partidarios de la intervención estatal en la polémica del fair share invocan el criterio de realidad. No es posible una solución privada, dicen, porque el OTT no tiene incentivos para sentarse a conversar una compensación con el operador.
La intervención pública podría materializarse por vía regulatoria o por vía legislativa. La intervención regulatoria de la actividad económica está justificada, básicamente, por las fallas de mercado.
Es decir, circunstancias o factores que impiden que los mercados asignen los recursos de forma eficiente. Es lo que ocurre en los escenarios de competencia imperfecta, externalidades, información asimétrica, bienes públicos, etc.
De igual manera, la intervención por vía legislativa de la actividad económica procede respecto de cualquier asunto. Cualquiera sea la materia en que el pueblo soberano, a través de sus representantes, estime razonable intervenir (aún sin fallos de mercado).
Por lo general, la política legislativa busca proteger el interés público, la salubridad pública, la seguridad nacional, el medio ambiente y otros bienes jurídicos.
En esta línea de intervención, algunas jurisdicciones han emprendido acciones. Esto devela que el debate del fair share podría ser objeto de una deliberación de los órganos legislativo, ejecutivo o de ambos.
La Unión Europea abrió una consulta pública al efecto. Las autoridades del viejo continente estarían inclinándose, al parecer, por la creación de un marco regulatorio para el fair share. Sin embargo, no existe consenso acerca del mecanismo o modelo que lo aterrice.
En el vecindario, Brasil también realizó una consulta pública. En términos generales, las respuestas evidencian que las grandes plataformas rechazan los modelos de contribución. En cambio, las telecos brindan su apoyo y sugieren posibles modalidades de implementación de la política. En principio, establecer la obligación de acuerdos entre las partes, previendo una labor de arbitraje por parte del regulador. En su defecto, establecer la obligación del pago de una tarifa por parte de los grandes generadores de tráfico (GGT).
La segunda discusión remite al carácter de “mercado de dos lados” que, eventualmente, podría tener el negocio de operación de redes. Este tipo de mercado (two-sided market), bilateral o de dos caras, supone la interacción de dos grupos de consumidores o usuarios a través de un agente intermediario (plataforma). Las decisiones de un conjunto afectan los resultados del otro conjunto. Es lo que ocurre con las plataformas de Netflix, Uber, Facebook, TikTok o Spotify.
En el caso de Spotify, este cobra a los usuarios suscritos un pago mensual, quienes disfrutan del contenido sin publicidad. Los usuarios de la plataforma que no tienen un plan contratado pueden escuchar música, pero están sometidos a los avisos de publicidad. También Spotify cobra a los anunciantes la posibilidad de llegar a un público cautivo. Por lo tanto, la app de música gana por ambos lados. O sea, le extiende factura a los dos extremos del negocio.
Por el contrario, el operador de redes funciona como mercado de lado único. Es el mercado de toda la vida, ese donde compramos la fruta, los medicamentos y la ropa de vestir. El proveedor de acceso a Internet debe cobrar la misma tarifa a los usuarios sujetos al mismo plan o contrato, sin discriminar. Como vender manzanas. Mucho menos puede hacer diferencias por el origen del tráfico, ya sea que lo genere Netflix u otro simple mortal.
Algunos defienden la absoluta racionalidad económica de que las plataformas digitales exploten las dos caras del negocio, cobrando por servicios diferentes. Por lo mismo, agregan esos pensadores, los operadores debieran estar sujetos a la misma lógica y cobrar a los dos extremos cuando entreguen prestaciones distintas. Puesto que, donde existe la misma razón, debe existir la misma disposición. Para ello, habría que probar que la actividad de transporte de información realizada por las telcos reúne los supuestos nucleares de un mercado de dos lados.
Para los operadores, el mercado de dos caras les vendría como anillo al dedo para forzar una negociación de precios con los OTT. Concretamente, una tarifa por el servicio de interconexión de redes. Este sería una prestación diferente del servicio de acceso a Internet que contratamos nosotros, los ciudadanos promedio.
El motivo radica en que las plataformas, aparte de ser usuarias de Internet, son un tipo sui generis de operador de redes. Ellos conectan sus CDN (redes de distribución de contenidos) a las líneas troncales y de acceso de las telcos, sin pagarles una tarifa por la utilización de esta infraestructura.
En esta hipótesis, las telecos sólo perseguirían acordar un precio por la interconexión entre dos titulares de redes. Por una parte, el operador de red telco, que está asumido como tal. Por la otra, el OTT que oculta su identidad de operador, ya que esa vida “de closet” le ahorra cargas regulatorias y económicas.
La tercera discusión es por la hegemonía en el ecosistema TIC dentro del mediano o largo plazo.
El ecosistema está integrado por la próspera industria de Tecnologías de la Información (TI), por un lado, y por la industria de Tecnologías de la Comunicación (TC), por el otro. Ninguna con hegemonía sobre la otra.
Sin embargo, al cabo de una década podría ocurrir un reseteo del ecosistema TIC que altere el orden de cosas imperante. Porque hay algunos episodios que parecen sintomáticos.
Desde luego, se escucha hablar de una crisis de sostenibilidad financiera que afecta al componente más antiguo del ecosistema, es decir, las TC. Si le creemos a las telecos, ellas atraviesan una situación económica que las tiene prácticamente en agonía.
Otras voces, sin embargo, opinan que este lamento es excesivo y poco verosímil. Se trataría simplemente de una caída en el promedio histórico de rentabilidad, pero en ningún caso la pauperización de la industria.
De todos modos, al menos una firma, con nombre y apellido anglosajón, inició un proceso de reorganización judicial de su patrimonio. Si algunas otras empresas siguen este derrotero, ¿quiénes heredarán el negocio? ¿Serán las telcos sobrevivientes? ¿O serán los OTT y otras firmas tecnológicas?
Asimismo, las dos industrias que integran el ecosistema están con fricciones constantes. Ciertamente, no andan todo el día como el perro y el gato, pero hay situaciones que erosionan su convivencia.
En la serie de enfrentamientos, el fair share es sólo un capítulo de la última temporada. Antes estuvieron desavenidas por la neutralidad de red y, hace poco, por el level-playing field. Esta última confrontación obedece a la desnivelada cancha de juego en que competirían telecos y OTT al suministrar servicios de voz y video.
En fin, la línea divisoria que separa las aguas entre TI y TC parece estar evaporándose. Las tecnológicas y las telcos, ambas por igual, ejecutan acciones que amplían el radio de sus negocios al territorio de la industria vecina. Vemos a ciertas big tech que anclan líneas de fibra óptica en el lecho submarino y despliegan redes de distribución de contenido. Mañana, quién sabe.
A su turno, encontramos a telecos, con domicilio conocido, que ofrecen plataformas de TV y otros servicios digitales mediante sus propias redes. En este mundo revuelto, la pregunta es quién terminará colonizando o fagocitando al otro mercado. ¿Ganarán el “gallito” las telcos? ¿Se impondrán las tecnológicas? ¿O se mantendrá un equilibrio en la fuerza?
En resumidas cuentas, las tres discusiones derivadas del fair share muestran que la actual fisonomía del ecosistema TIC puede seguir sufriendo cambios.
Desconozco la respuesta para cada interrogante, al menos en términos definitivos y concluyentes. Porque, como acierta sabiamente la narrativa latinoamericana, hay veces en que creemos tener todas las respuestas, pero de pronto nos cambian todas las preguntas. Un riesgo más que probable en el cambiante mundo digital.