El Economista Jorge Bravo
La presidenta Sheinbaum publicó un decreto que otorga un estímulo fiscal destinado a la producción cinematográfica y audiovisual en México. El texto plantea un crédito fiscal de hasta 30% del costo total del proyecto, con un tope por producción de 40 millones de pesos y reglas sobre proveeduría nacional, transferencia onerosa del crédito y un comité técnico encargado de autorizarlo.
El decreto es en respuesta a que México ya recibe inversiones privadas importantes, entre ellas el compromiso de inversión de 1,000 millones de dólares de Netflix para producir series y películas en el país, lo cual potencia la urgencia de políticas públicas que faciliten rodajes y empleo.
Los incentivos fiscales reducen el costo de producir en México y atraen otros eslabones de la cadena de valor como postproducción, efectos visuales y animación, siempre y cuando la política sea clara.
Entre los puntos favorables está el enfoque en proveeduría nacional (al menos 70% de gasto local), el carácter transferible del crédito (útil para productoras sin carga fiscal) y la creación de un comité técnico con representación de Hacienda, la Secretaría de Cultura y el Imcine.
Otro aspecto positivo es la inclusión explícita de series, animaciones y procesos de postproducción o efectos visuales (VFX). Esta apertura reconoce que el cine de sala, aunque vital para la identidad cultural, ya no es el único motor económico del sector. Al permitir que proyectos de VFX con una inversión mínima de 5 millones de pesos accedan al estímulo, se incentiva la creación de empleos técnicos especializados, los cuales están mejor remunerados.
El núcleo de la política es el crédito fiscal de hasta 30% del costo total del proyecto realizado en territorio nacional. Este beneficio no sólo es aplicable contra el Impuesto sobre la Renta (ISR) propio, sino que posee una característica innovadora (y necesaria en mercados con poca liquidez): es transferible a título oneroso a terceros contribuyentes o proveedores. Significa que una productora puede “vender” ese crédito para obtener capital fresco, lo cual emula los modelos de tax rebate (rebaja fiscal) exitosos en otras latitudes.
Colombia, con sus Certificados de Inversión Audiovisual, ofrecen un descuento de 35%. República Dominicana y Uruguay también tienen políticas de cash rebate (devolución directa de efectivo), las cuales han desviado producciones que originalmente consideraban México como locación.
El decreto tiene algunas insuficiencias. El techo anual de 400 millones de pesos es muy modesto frente al tamaño de la industria global, cuyos incentivos por proyectos individuales superan con facilidad los 40 millones de pesos. Para una industria donde una sola temporada de una serie de alto presupuesto puede costar esa cifra, el estímulo se queda corto frente a la ambición de atraer a los pesos pesados de Hollywood o de las grandes plataformas de streaming.
La regla sobre transferencia onerosa con límites en el valor y porcentaje aplicable introduce fricciones financieras que podrían desincentivar el uso del crédito por parte de productoras independientes. No hay en el decreto una estrategia para acompañar infraestructura clave (estudios, laboratorios de postproducción, formación técnica) ni indicadores públicos de evaluación.
¿Cuál es la diferencia de este decreto con lo que ya teníamos? Busca corregir las fallas del artículo 189 de la Ley del ISR, conocido como Eficine. Éste depende de que la productora encuentre un contribuyente aportante antes de iniciar el proyecto, lo cual deja fuera a producciones extranjeras que no tributan directamente en el país.
El nuevo decreto permite que residentes en el extranjero sin establecimiento permanente operen a través de productoras mexicanas. Además, prohíbe explícitamente duplicar beneficios con el Eficine, forzando a los productores a elegir el camino que mejor se adapte a su modelo de negocio.
Para evaluar en perspectiva internacional, conviene mirar países y políticas donde la intervención pública ha sido más sistemática. Canadá ofrece créditos reembolsables federales y provinciales sobre gasto laboral o salarios. Reino Unido aplica alivios fiscales con una prueba cultural y mecanismos como el Audiovisual Expenditure Credit, los cuales incentivan tanto producción nacional como servicios para extranjeros y fomentan la industria doméstica de producción y postproducción.
Francia tiene un esquema de devolución fiscal para producciones internacionales, con bonificaciones por efectos visuales y un sistema de apoyo que sostiene una base industrial sólida. España combinó deducciones y facilidades administrativas para atraer rodajes, con resultados en aumento de filmaciones y la instalación de centros de producción regionales.
¿Qué ventajas ofrece México con este decreto? La principal, la orientación hacia proveeduría nacional puede detonar empleo y fortalecer proveedores locales. La transferencia del crédito permite que proveedores cobren con el incentivo, útil para empresas pequeñas. La política es congruente con la estrategia de atraer inversiones de plataformas y estudios.
No obstante, para implementarlo correctamente México debe aumentar el techo presupuestal anual o establecer ventanas específicas para producciones de gran presupuesto (blockbusters), habilitar reglas claras y públicas sobre elegibilidad, garantizar transparencia en el comité técnico y vincular el estímulo con planes de formación técnica e inversión en infraestructura.
Los principales beneficiarios del decreto serán productores con capacidad de estructurar proyectos y capitalizar créditos, así como plataformas digitales y televisoras que ya invierten localmente. Las empresas grandes podrían capturar la mayor parte del beneficio, dejando fuera a productores independientes. Para evitarlo, los lineamientos podrían reservar parte del presupuesto a proyectos emergentes, óperas primas y contenido regional.
El estímulo fiscal es sólo una pieza del rompecabezas. La presidenta Sheinbaum presentará una iniciativa de nueva Ley de Cine y Audiovisual junto con reformas para proteger a los intérpretes de doblaje contra el uso de la Inteligencia Artificial. Esta última medida es importante en México donde la industria del doblaje es líder en el mercado hispanohablante. La protección de la identidad vocal frente a la síntesis digital es una demanda de los gremios que temen ser reemplazados por algoritmos sin compensación.
X: @beltmondi