Estancamiento en los fósiles, avance en lo digital: el balance final de la COP30
Los 11 días de la COP30 finalizaron el pasado 21 de noviembre con señales mixtas: avances institucionales importantes, frustraciones en la agenda de los combustibles fósiles y una consolidación más evidente de herramientas digitales como parte de la implementación climática.
El encuentro en Belém (Pará) se desarrolló en un escenario geopolítico marcado por la ausencia de Estados Unidos y por disputas comerciales que afectan directamente a las tecnologías de descarbonización. Aun así, logró producir instrumentos que fortalecen las capacidades de acción, especialmente para los países del Sur Global.
En comparación con conferencias anteriores, el tema digital apareció con mayor claridad en esta COP como un habilitador: todo dentro del esfuerzo de estandarizar datos, mejorar predicciones, integrar sistemas de alerta y aumentar la transparencia. En este mismo eje, se formalizó el Green Digital Action Hub (GDA Hub), iniciativa coordinada por la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) y socios multilaterales para apoyar a los países a medir la huella climática del sector digital, estandarizar metodologías de reporte y acelerar la adopción de tecnologías verdes.
Es en este contexto técnico-operativo que se inserta la propuesta brasileña de la Infraestructura Digital Pública para el Clima (Climate DPI). Liderada por ITS Río y respaldada por la plataforma TransitionDigital, articula un ClimateStack modular con capas de identificación digital, registros transaccionales, observación de la Tierra, datos estandarizados, interoperabilidad vía APIs y acceso simplificado para poblaciones vulnerables, según lo descrito en el informe oficial de la Agenda de Acción de la COP30.
La iniciativa está alineada con la directriz de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) que considera la Inteligencia Artificial (IA) como uno de los ejes estructurantes de la implementación climática. Según la propia propuesta brasileña, el sistema podría reducir hasta 40% el tiempo de respuesta ante eventos extremos hasta 2035, al integrar alertas tempranas, inventarios de emisiones, predicción climática y flujos financieros de forma auditable.
Estos movimientos refuerzan el papel del sector de telecomunicaciones como parte de la infraestructura necesaria para la adaptación climática. Redes resilientes, conectividad, satélites y sensores se convierten en componentes de la capacidad estatal.
En esta lógica se inserta la adhesión de empresas del sector como Telefónica a la Guía para la Planificación de la Transición Climática para empresas de telecomunicaciones, publicada por la GSMA en colaboración con la UIT y Carbon Trust. La guía establece requisitos auditables: gobernanza, integración de la transición climática en la planificación financiera, rutas de implementación, métricas y alineamiento con estándares como CSRD, CDP, Science Based Targets y NIIF S2.
La compañía de origen español se compromete a adaptar su plan climático a los parámetros de la GSMA, reforzando su actuación como operador de infraestructura crítica para métricas, certificación y sistemas de alerta.
Cuando falta la mayor potencia
La geopolítica de la conferencia estuvo marcada principalmente por la ausencia de Estados Unidos. Con Donald Trump nuevamente fuera del Acuerdo de París y con tarifas sobre tecnologías limpias regresando al centro de la política estadounidense, la COP30 operó sin el habitual contrapeso diplomático que este país suele ejercer.
Esto tuvo dos efectos: abrió espacio para que Europa, Brasil, China y países del Sur Global impulsaran soluciones que priorizan estándares abiertos y acceso a la tecnología; y confirmó la alerta hecha meses antes por Ana Toni, secretaria brasileña de clima, al Financial Times, de que el mundo se aproxima a una guerra comercial climática, capaz de restringir el acceso a tecnologías verdes esenciales: baterías de nueva generación, sensores climáticos, satélites de Medición, Reporte y Verificación (MRV), semiconductores, plataformas de IA para predicción, componentes de energía limpia. Si tarifas, embargos o rivalidades entre grandes bloques se endurecen, la transición pierde velocidad.
China contó con la segunda delegación más grande de la COP30 después de Brasil, país anfitrión. El país asiático actuó de manera pragmática en financiamiento y adaptación, pero sin involucrarse directamente en la agenda digital propuesta por Brasil. Por su parte, Rusia y Arabia Saudita lideraron la resistencia al roadmap obligatorio de los fósiles, reforzando el bloque productor y limitando la ambición colectiva.
Brasil esperaba mayor coordinación con los BRICS para avanzar estándares abiertos y cooperación tecnológica, pero el grupo se mostró menos cohesionado de lo previsto, especialmente en temas energéticos.
En América Latina, la COP30 reveló un movimiento más articulado para ganar capacidad técnica. Colombia y República Dominicana se adhirieron al nuevo Hub de Plataformas de Países, y otros gobiernos mostraron interés en integrar sistemas nacionales de transparencia y monitoreo. Para la región, la digitalización climática funciona menos como ruptura y más como oportunidad de reducir asimetrías, especialmente en certificación de proyectos, acceso a financiamiento y construcción de métricas comparables.
Acuerdo de París
El tema de los combustibles fósiles fue el más políticamente sensible de la conferencia. A pesar de la presión de más de 80 países por un roadmap global de eliminación de petróleo, carbón y gas, el texto final no incluyó metas obligatorias, reflejo del bloqueo de grandes productores como Arabia Saudita y Rusia y de la falta de compromiso de Estados Unidos.
En su discurso, el presidente Luiz Inácio Lula da Silva reconoció que Brasil, a pesar de su matriz energética y capacidad verde, es productor y exportador de petróleo, pero reiteró su disposición a hacer la transición y transformar Petrobras en una empresa de energía limpia. Lula defendió una transición “justa, planificada y financiada” e insistió en que la responsabilidad histórica y el acceso a financiamiento deben guiar el ritmo de cada país.
La ministra del Medio Ambiente de Brasil, Marina Silva, reconoció que no hubo consenso para un plan obligatorio, pero anunció que Brasil trabajará en una estrategia voluntaria de transición y en indicadores globales de adaptación, capaces de medir la resiliencia climática de manera comparable. En conjunto, el balance sobre fósiles mostró avances retóricos, pero no un cambio estructural: la ambición permanece limitada, mientras la implementación avanza por medios indirectos, especialmente a través de datos, métricas y gobernanza.
En este punto, Brasil también presentó DataClima+, su nuevo Sistema Nacional de Transparencia Climática, descrito oficialmente por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación (MCTI). La plataforma centralizará inventarios de emisiones, monitoreo de la NDC (Nationally Determined Contribution), datos de adaptación, políticas públicas e información sobre financiamiento climático.
El sistema cumple con las reglas de la Enhanced Transparency Framework del Acuerdo de París, que exige informes bienales a partir de 2024, e integra bases como Sirene, AdaptaBrasil y Sinapse. DataClima+ representa un avance estratégico: sin datos consistentes no hay forma de demostrar cumplimiento del Acuerdo de París ni negociar financiamiento a escala.
Las llamadas “tecnologías verdes” (hidrógeno, bioenergía, gestión hídrica, captura y almacenamiento de carbono) se trataron de forma integrada, con énfasis en certificación, trazabilidad y estandarización.
Todo esto consolidó lo digital en la COP30 como componente funcional: sin datos verificables, metodologías auditables y sistemas interoperables, estos sectores pierden valor económico y credibilidad. El futuro climático, ahora más urgente que nunca, dependerá más de la capacidad de implementar: algo que pasa por financiamiento, tecnología, cadena industrial y gobernanza. En resumen, pura infraestructura digital.