Reforma Jorge F. Negrete P.
¿Empresas públicas? Hay desde hace muchos años. Todas pertenecen a un movimiento que trata de conciliar el mercado, con el Estado. ¿Empresas públicas en el sector de telecomunicaciones? También desde hace décadas.
Cuando hay asimetría en el consumo de bienes y servicios, nace la rectoría, la intervención económica del Estado y la empresa pública. Hijas de la economía política y su expresión jurídica, fueron retomadas por el Derecho Administrativo y el Derecho Económico.
En 1983, diversas constituciones en América Latina, incluida la de México, incorporaron estas instituciones (artículos 25, 26 y 28 de la Constitución).
En México, personajes como Manuel Camacho llegaron a denominar este capítulo económico en la Constitución como “Reforma del Estado”. La función económica del Estado en México ha sido estudiada ampliamente por espléndidos maestros como Andrés Serra Rojas, Antonio Carrillo Flores, Jorge Witker y una nueva generación como José Roldan Xopa.
Por otra parte, desde una perspectiva de la economía política y la sociología surgió un movimiento denominado “La tercera vía”, cuya cara más visible fue Anthony Giddens. Este enfoque propone un sistema de economía mixta, centrismo y reformismo, y rechaza el extremismo del libre mercado y del centralmente planificado. Se enfoca en promover la democracia, el desarrollo tecnológico, la educación y la competencia regulada con la finalidad de obtener progreso, desarrollo económico y social.
En América Latina, los presidentes Ricardo Lagos de Chile, Oscar Arias de Costa Rica, Fernando Henrique Cardoso de Brasil y Juan Manuel Santos de Colombia han sido los principales promotores de esta vía, aunque encontramos una influencia de este modelo en prácticamente todos los países de la región.
Fue el presidente Santos quien de forma más clara anunció que su gobierno sería de “tercera vía” y ofreció una frase que se repitió como mantra en todos sus ministerios, incluido el Ministerio TIC: “el mercado hasta donde sea posible, el Estado hasta donde sea necesario”.
En materia de empresas públicas del sector de las telecomunicaciones, América Latina tiene una larga tradición, donde encontramos empresas espléndidamente bien manejadas y otras que viven una pesadilla financiera: el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE); Antel de Uruguay; Hondutel de Honduras; Telebras de Brasil; CANTV de Venezuela y COPACO de Paraguay.
El caso de Colombia es uno de los más complejos en América Latina, ya que este país cuenta con el mayor número de empresas públicas operando por sí solas o asociadas a alguna privada: Movistar cuenta con una inversión de 30% del gobierno; ETB es la empresa de telecomunicaciones propiedad de la alcaldía de Bogotá; Empresas Municipales de Cali o Emcali, propiedad del municipio de Santiago de Cali y UNE, dueña de 50% de la empresa Tigo y que pertenece a la alcaldía de Medellín. Ecuador cuenta con la Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT) y, finalmente, Altán Redes y CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos en México.
Todas estas empresas se enfrentan a un complejo escenario. El mundo telco está en un proceso de transformación, disminución de activos, pérdida de valor y de consolidación global. Brasil, de 4 operadores, se consolidó a 3. En China solo existen 3 empresas. Estados Unidos, de 4, se consolidó a 3. Todas estas empresas son privadas, globales o regionales para generar economías de escala. El sector es demandante de enormes cantidades de capital intensivo de trabajo y necesita enormes cantidades de espectro en diversas bandas. Estamos ante una época donde hay poca maniobra de rentabilidad para las empresas privadas, y de sobrevivencia para las empresas públicas.
Lo curioso. El país con la mejor cobertura, velocidad y calidad de redes es Chile. Ejerce plenamente su Rectoría Económica, pero no tiene empresas públicas. Cuenta, desde hace 13 años, con los precios del espectro más bajos de la región, planea y desregula.
Jorge Fernando Negrete P.
Presidente de Digital Policy & Law
Twitter @fernegretep