Espectro y regulación municipal, prioridades de la industria telco para impulsar inversiones
Ciudad de México. Directivos regulatorios y de política pública de la industria de telecomunicaciones coincidieron en que la sobrerregulación para el despliegue de infraestructura, el alto costo del espectro en México, además de una regulación asimétrica frente a opciones digitales, son las prioridades donde deberían enfocarse los nuevos reguladores mexicanos para acelerar la inversión del sector.
Durante el “Summit 7 Generando valor: rutas regulatorias hacia un México más digital”, en el marco de México Digital Summit, Eduardo Ruiz Vega, director Jurídico Regulatorio de TotalPlay, criticó que entre los múltiples cambios regulatorios de los últimos años aún no se ha discutido la desregulación que ha demandado la industria, y parece que se ha buscado “regular por regular”. Por ejemplo, se exige a las empresas información y estadísticas que no tienen porque no la requieren, a la vez que se les impusieron medidas de compartición de infraestructura similares a la del operador preponderante.
“Hay que desregular, porque no son tribales los costos que tiene esto para las empresas. En lugar de regular por regular, [sería mejor] que podamos tener una guía o acompañamiento con estados y municipios”, aseguró.
Al respecto, Gonzalo Martínez Pous, director General Jurídico Regulatorio de Izzi, enfatizó que las empresas se enfrentan a una “ventanilla inesperada” con las reglas y obstáculos que imponen los estados y municipios para el despliegue de infraestructura que carecen de facultad para regular telecomunicaciones.
Juan Carlos Hernández, abogado Corporativo y Enlace Institucional de Megacable y Consejero de Canieti, coincidió en que pese a que existen reglas claras a partir de la pasada reforma, la coordinación entre las diferentes instancias del gobierno es “pésima”. En particular, se refirió a los conflictos entre la nueva Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, que como secretaría federal tiene para supervisar el despliegue de infraestructura, pero sin coordinación con estados y municipios.
Advirtió que son las propias empresas las que se coordinan para enfrentar la extorsión de los municipios, lo que se añade a los costos financieros, y finalmente, en el precio para los usuarios.
Los panelistas detallaron que se han enfrentado a medidas ridículas, como presentar documentación inexistente o no requerida por la ley, extorsión de los gobiernos locales, tarifas arbitrarias de concesionarios de autopistas o vías ferroviarias, o hasta la simple negativa de ejidatarios.
En ese sentido, Gabriel Contreras, vicepresidente de Asuntos Regulatorios y Externos de AT&T México, señaló que se deben establecer las condiciones para invertir en línea con el Plan México, que espera inversiones de 277,000 millones de dólares. Sin embargo, el directivo cuestionó cómo se va a lograr el objetivo cuando el país se enfrenta al movimiento global de capitales, debe ofrecer una diferenciación clara, así como certidumbre para la protección de las inversiones.
“¿Qué se necesita para generar esas inversiones? Generar confianza. Se genera confianza con credibilidad, con consistencia, y predictibilidad”, reiteró.
Por su parte, Ana Claudina García, vicepresidenta de Infraestructura Tecnológica de Canieti en la Sede Centro Sur, alertó que en el país no se ha adoptado el enfoque de regular para fomentar inversiones, a la vez que ciertas regulaciones que son positivas se enfrentan a su desaparición cuando hay cambios de administración.
Natalia Guerra, directora de Asuntos Públicos y Regulatorios de Telefónica, recomendó que las decisiones regulatorias a ser tomadas deben enfocarse en cómo “competir, equilibrar y modernizar”. Enfatizó que la competencia es importante para asegurar que hay alternativas para los usuarios y que se podrá aprovechar la tecnología.
Los panelistas también coincidieron en que se requiere una revisión regulatoria de ciertos servicios de telecomunicaciones, como la TV de paga o los servicios de voz, que ahora deben cumplir con reglas más estrictas, cuando servicios similares digitales no tienen que cumplir con la misma regulación.
Entre las medidas que los panelistas consideraron que se deben implementar a corto plazo, Contreras indicó que el alto costo sigue siendo un obstáculo para el desarrollo del sector móvil, aunque celebró la propuesta de la ATDT para dar descuentos de hasta el 50% en su precio a cambio de desplegar infraestructura.
Los directores regulatorios también esperan que el plan de digitalización de trámites impulsado por la ATDT ayude a agilizar el despliegue de infraestructura, incluyendo resolver conflictos con estados y municipios mediante una mayor homologación, coordinación y transparencia de los requisitos para instalación de infraestructura de telecomunicaciones.