En algo más de tres meses, el 9 de julio de 2023, se cumplirá un año de entrada en vigencia de la Ley General de la Comunicación Audiovisual en España y, en consecuencia, comenzarán a regir las nuevas disposiciones de accesibilidad, para que los contenidos puedan ser “disfrutados en igualdad de condiciones” por personas con discapacidad visual y/o auditiva.
En este contexto, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) expuso cuáles son esas nuevas reglas que funcionarán tanto para prestadores tradicionales como para aquellos de video bajo demanda. No estarán obligados los actores que generen ingresos inferiores a 2 millones de euros anuales y/o tengan una cuota inferior al 1 (OTT) o 2 (servicio lineal) por ciento de la audiencia.
Corresponde al regulador español supervisar y controlar el cumplimiento de estas obligaciones de accesibilidad. También funciona como punto de contacto para facilitar información y recibir quejas del público afectado por las disposiciones vinculadas a esta normativa.
