El último día hábil de abril terminó con novedades relevantes en el mercado español: el Congreso avaló el decreto de ciberseguridad 5G y, en paralelo, aprobó el proyecto de nueva ley de telecomunicaciones, que ahora pasó al Senado para su revisión. En ambos casos hubo consenso y el apoyo fue “por amplia mayoría”, valoraron las autoridades. Las normas delimitarán reglas en el desarrollo de redes de quinta generación y posteriores.
Ley de Telecomunicaciones
El proyecto de Ley General de Telecomunicaciones sigue su curso tras haber sido aprobado por la Cámara de Diputados. Ya fue enviado al Senado para completar su tramitación. El documento traspone al ordenamiento jurídico local las directivas europeas, por lo que se añadirá el Código Europeo de las Comunicaciones Electrónicas. Las autoridades prometen reglas “más allá de las redes y servicios” y consecuente con el Plan de Recuperación, que prevé inversiones por 4 mil millones de euros para llevar redes de alta velocidad al 100 por ciento de la población.
Entre las novedades, se incorporan medidas “para incentivar e impulsar las inversiones en el sector” con mejoras para facilitar el despliegue de infraestructura. Habrá un impulso a la compartición de infraestructuras pasivas, la posibilidad de desplegar estaciones base de baja potencia con menos cargas administrativas y acciones a favor del mercado secundario de espectro. También se agrega la Caja de Herramientas de Conectividad de la Unión Europea para una mayor coordinación entre administraciones en aspectos como la tramitación de servicios.
Además, “los servicios de comunicaciones interpersonales independentes de la numeración deberán realizar una comunicación previa al Registro de operadores”, habrá un régimen para la instalación o explotación de cables submarinos que pasen por España y se establecerá un régimen de comunicación para los IXP. También se esperan mejoras de cara al usuario como mayor transparencia en los contratos, cambios en la portabilidad numérica y hasta una redefinición de servicio universal, con la obligación a prestadores de garantizar el acceso a prestaciones como correo electrónico redes sociales, banca o educacion en línea.
Ley de Ciberseguridad
En el otro caso, fue el pleno del Congreso de los Diputados que convalidó por 312 votos la ley de Ciberseguridad 5G, presentada por decreto a fines de marzo. Desde el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital (Mineco) consideraron que la propuesta “permite establecer un marco confiable y seguro para incentivar el despliegue y la inversión por parte de los operadores y, al mismo tiempo, la demanda de los servicios por parte de los usuarios”. Aquí también España incorpora medidas concensuadas con los otros miembros de la Unión Europea, entre ellas una caja de herramientas para la identificación de amenazas y vulnerabilidades, los activos sensibles y riesgos estratégicos en el despliegue de redes 5G.
El decreto, que aplicará a operadores, suministradores y usuarios corporativos 5G que cuenten con derechos para la instalación de redes privadas, señalaba entre sus considerandos que “sin confianza, 5G no producirá los beneficios que se esperan de ella” y agregaba que la nueva tecnología es riesgosa por “su arquitectura de red más compleja, abierta y desagregada, su capacidad para transportar ingentes volúmenes de información y por permitir la interacción simultánea de múltiples personas y cosas”.
En este contexto, se estableció un esquema de seguridad que tendrá en cuenta los análisis realizados por los operadores –y el gobierno– acerca de eventuales amenazas. Habrá un procedimiento para clasificar a los suministradores según su riesgo y las empresas no podrán usar equipos en el núcleo de la red de firmas consideradas de alto riesgo. Si ya los han instalado, tendrán cinco años para llevar a cabo las sustituciones correspondientes. También tendrán que limitar la dependencia de un solo administrador, si este es de alto riesgo, para el resto de su cadena de suministros.
