Todos hemos escuchado hablar de la “brecha digital”. Es una expresión sofisticada, fonéticamente exquisita, pero que designa una realidad insípida y cruel: la exclusión tecnológica de las personas.
En América Latina, la tozuda brecha digital no solo retrasa la transformación tecnológica, sino que devela una herida abierta en el continente.
Esta es la desigualdad social entre la población bien conectada y aquella con escaso acceso a redes de telefonía e Internet. Si bien algunos países presentan mejores índices de conectividad, muchos otros siguen ahí dando la pelea.
Los estudios revelan que la brecha digital tiene múltiples dimensiones. Puede analizarse desde la perspectiva del acceso, los usos, la apropiabilidad, las competencias digitales, entre otras variables. También, la brecha puede enfocarse según la edad de una persona, el sexo, el nivel socioeconómico, la ruralidad o su capital educativo. No habría una sola brecha, sino muchas brechas digitales.
Pero cualquiera sea el ángulo de la cara que le miremos, subyace un patrón común: la desigualdad o exclusión social. Es una problemática que toda política pública busca subsanar, aunque no siempre tenga éxito.
En medio de este calvario para los reguladores, el debate ha evolucionado en énfasis e implicaciones. Pasamos de reducir la brecha digital —a secas— a la llamada “brecha digital cero”. Y, más recientemente, a la “conectividad universal significativa”.
Evolución del concepto
En un inicio, la consigna de muchos países de la región se centró en “reducir la brecha digital”. Es decir, conectar a los desconectados. Ejemplos claros fueron el impulso a la telefonía en zonas rurales, la conexión de escuelas a Internet y la mejora de la señal en carreteras.
Con el tiempo, países como Chile adoptaron propuestas más audaces, como la política de “brecha digital cero”. Esta contempló la ley que declara la Internet como un servicio público de telecomunicaciones, pero cuya implementación presenta importantes desafíos.
Paralelamente, Naciones Unidas y, con ella, la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), han introducido el concepto de “conectividad universal significativa”. Esto va más allá del mero acceso a las redes.
En su lugar, se busca garantizar que la conexión sea útil, accesible y transformadora para sus usuarios. Tal como señala Jorge Bravo, “la mera conectividad no garantiza un impacto significativo… La conexión es la base, pero no la meta”.[1]
La OEA, por su parte, destaca que la conectividad universal significativa implica contar con una banda ancha disponible, accesible, pertinente y asequible. Pero también con una red segura y confiable, de modo que genere resultados positivos y empodere a los usuarios.[2]
A diferencia de la brecha digital tradicional —que se enfoca en cerrar las brechas de acceso—, la conectividad universal significativa introduce una visión multidimensional. La clave de bóveda está en los tres nombres con que fue bautizada.
Desde luego, es “conectividad”, pues exige acceso real y de calidad a telefonía e Internet.
Enseguida, es “universal”, ya que debe llegar a todas las personas sin importar su ubicación, condición socioeconómica o limitaciones físicas.
Finalmente, es “significativa”, porque la conexión debe traducirse en oportunidades reales y mejora en la calidad de vida. Esto, impulsado por la alfabetización digital, el comercio electrónico y la apropiación efectiva de los recursos tecnológicos.
Avanzar desde la “brecha digital cero” hacia la “conectividad universal significativa” exige comprender una cosa elemental. Esta es que las telecomunicaciones ya no sólo conectan personas entre sí, sino también personas con máquinas e, incluso, máquinas entre ellas. Debemos, por lo tanto, pensar en la conectividad de estos tres públicos, en forma simultánea e integral.
Ejes para una agenda pública
No importa cómo se denomine: “reducción de la brecha digital”, “brecha digital cero” o “conectividad universal significativa”. Porque queda claro que el discurso debe aterrizarse en acciones concretas. Para evitar que la conectividad universal significativa quede en la esfera de las buenas intenciones, se requieren medidas urgentes. Desde una perspectiva regulatoria, podrían analizarse cuatro ejes de acción.
Primero, la dictación de estándares de calidad de servicio. Estos deben definir parámetros claros, objetivos y verificables para medir y garantizar la velocidad de conexión, la disponibilidad, la latencia, el ancho de banda, la tasa de error de datos, el consumo de energía y otras variables esenciales.
Segundo, la asignación de espectro adicional para el sector privado. El auge de tecnologías como 5G, IoT y aplicaciones de transmisión en tiempo real ha disparado la demanda de espectro. Además, es fundamental contemplar espectro para redes no licenciadas (Wifi, Bluetooth, NFC), con el fin de evitar interferencias y saturación.
Tercero, la reducción de los plazos de la permisología. Los excesivos requisitos burocráticos para desplegar infraestructura (torres, antenas, fibra óptica, etc.) retrasan la expansión de la conectividad. Se requiere coordinar a las entidades públicas para evitar duplicidades y digitalizar la gestión de solicitudes.
Cuarto, la creación de un fomento financiero dual. Se trata de mantener subsidios a la demanda para abaratar el acceso al usuario final, sin descuidar el apoyo a la oferta. Esta última es imprescindible para la construcción de redes robustas y de amplio alcance, capaces de abastecer a un entorno cada vez más digitalizado.
En definitiva, la brecha digital sigue siendo una herida abierta en América Latina. Pero no podemos conformarnos con el diagnóstico ni con discursos bien intencionados. El reto es actuar con políticas efectivas y medibles. De lo contrario, cuando por fin cerremos esta brecha, surgirán nuevos desafíos tecnológicos que podrían dejarnos, una vez más, al margen de la transformación global. La región no puede permitirse otro retraso. Los latinos todos nos merecemos salir adelante en esta asignatura que sea.
[1] Jorge Bravo (2023), “Conectividad universal significativa”, disponible en: https://dplnews.com/conectividad-universal-significativa/
[2] Organización de Estados Americanos (OEA), CIDI/INF.585/24, del 26 de marzo de 2024.