Reforma Jorge F. Negrete P.
Estamos en la recta final de este gobierno, con las campañas de los candidatos a la presidencia comenzando. Es vital saber dónde nos encontramos y qué realizó este gobierno en materia de conectividad y política digital.
Estamos frente a una de las visiones digitales más confusas y complejas que se hayan visto, pero no se puede atribuir a la 4T toda la responsabilidad por no concluir el proceso de inclusión digital; sí, por no empezar un proceso de transformación digital de ciudadanos, Pymes e instituciones del Estado.
Recordemos. El ex presidente Felipe Calderón tuvo 3 secretarios de Comunicaciones y 4 subsecretarios de Comunicaciones, con un mantra de 3C: Cobertura, Convergencia y Competencia. No logró su objetivo y sí escándalos, ineficiencias y desarticulación en el sector.
El ex presidente Peña Nieto generó la más profunda transformación del sector de las telecomunicaciones en los últimos 20 años. Expidió una reforma constitucional y la nueva Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. Todo bien, salvo por 2 detalles, creó uno de los fracasos públicos más penosos, llamado Red Compartida, y, por otra parte, propuso la creación de una figura extravagante que destruye los estímulos a la inversión, el despliegue de infraestructura, la innovación y margina a los más pobres, llamada “preponderancia”. Una figura que vuelve perezoso al sistema de competencia, inhibe los reflejos de las empresas, genera codependencia regulatoria, retrasa la conectividad y las inversiones en nueva infraestructura, como data centers, Edge Computing y despliegue masivo de fibra. Retrasa modelos de negocio, la innovación y, sobre todo, la lucha contra la pobreza digital.
La 4T quiere conectar a los más pobres con Internet, pero es imposible atestiguar la toma de decisiones desde la ignorancia más profunda, la falta de coordinación institucional, de indicadores, dispersión de esfuerzos, presupuestos y dilapidación masiva de recursos públicos.
La primera decisión del gobierno actual fue eliminar la Subsecretaría de Comunicaciones, el órgano administrativo que dotaba de institucionalidad la actividad pública del sector de las telecomunicaciones. La desaparición de esta entidad invisibilizó la visión del gobierno mexicano en esta materia y castró los esfuerzos de coordinación y evaluación de los esfuerzos públicos, generando una incontrolable cadena de ocurrencias.
Se intentó desaparecer al Instituto Federal de Telecomunicaciones en dos ocasiones y en otra se trató que tutelara el registro de dispositivos móviles y una función de seguridad pública.
Diversos documentos de la Auditoría Superior de la Federación señalaron que se desconectó de Internet a 13 millones de ciudadanos en la más alta marginación durante la pandemia.
Se dejó de comprar equipo de cómputo y no se revalidaron licencias de software, así como sistemas de ciberseguridad, lo que dio como resultado, una tormenta de ciberataques a la administración pública. Más de 20 ataques a entidades fueron documentados, incluida la crítica inmersión a la Secretaría de la Defensa Nacional.
Entre la inversión, el salvamento histórico a Altán Redes, la inversión a CFE Telecom y la reciente contratación de Starlink para dar internet satelital, el gobierno mexicano ha invertido más de 1,300 millones de dólares.
Una cantidad de recursos públicos monumental, a la que se agrega el fracaso de la recaudación por concepto de pago de derechos por uso del espectro radioeléctrico. Movistar, el segundo operador por tamaño en América Latina, devolvió su espectro y con él, el pago de derechos respectivo. El gobierno mexicano ha dejado de recibir más de 5 mil millones de pesos anuales.
El gobierno gastó monumentales cantidades de recursos, no recauda y hoy compite deslealmente en contra de los operadores móviles y fijos, vía Starlink. Ni hablar de la licitación 5G y el nombramiento pendiente de comisionados en el Instituto Federal de Telecomunicaciones.
Los bárbaros destruyeron Roma. Es hora de reconstruirla.
Presidente de Digital Policy & Law
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