El Nuevo Día – Gabriel Pacheco
Aunque el gobierno de Puerto Rico les dio vía franca a los proveedores de telefonía, datos e internet fija para atender remotamente a sus clientes y darle mantenimiento a la red de telecomunicaciones durante las próximas dos semanas, representantes de esta industria esencial temen que la cadena parta por el eslabón más débil, que son los dispositivos que los ciudadanos ahora usan en mayor medida para telemedicina, trabajo o remoto u ocio
en cuarentena por el coronavirus.
Aseguran que cuando se rompe cualquiera de los eslabones en la red de telecomunicaciones, falla la red entera, por lo que exigieron que la gobernadora defina exhaustivamente cuáles son los servicios esenciales en esta industria.
“La gobernadora (Wanda Vázquez) y el presidente (Donald Trump) están autorizando y sugiriendo el uso de los servicios de telemedicina para que los médicos te puedan atender a través de una videollamada, pero, aunque haya internet, si no hay un teléfono o una tableta funcionando, tampoco hay telemedicina”, aseguró el presidente y principal oficial ejecutivo
de Claro Puerto Rico, Enrique Ortiz de Montellano.
Y es que la reciente orden ejecutiva de la gobernadora tiene una área gris que debe ser aclarada respecto a los servicios esenciales dentro de las telecomunicaciones, indicó el ejecutivo, quien separó en dos elementos clave a las telecomunicaciones: la red y los dispositivos receptores.
“En una red fija, podemos reparar las averías, como se nos ha permitido sin problema. También podemos dar servicio en los centros de llamada, pero faltaría atender las reparaciones o el reemplazo de los equipos físicos”, como teléfonos, tabletas y módems de internet, que solo se puede hacer en los centros de servicio que permanecen cerrados por orden del
gobierno, añadió Ortiz de Montellano.
A tono con esa realidad, el ejecutivo le sugirió al Negociado de Telecomunicaciones de Puerto Rico (NTPR) permitirle reabrir algunos de sus centros de servicios por cada región para cumplir con sus responsabilidades de garantía. “Podría ser una especie de servi-carro, como se está haciendo con la comida, para que los clientes pasen uno a uno, nos digan su preocupación, verifiquemos el equipo, se lo cambiemos y
por ahí mismo se va (de vuelta a casa)”, sentenció Ortiz de Montellano, quien solo pretende atender reclamos de garantía.
Sin embargo, el Negociado de la Policía de Puerto Rico (NPPR) le cerró la puerta en la cara. “Nos dijeron que se sale de la orden (ejecutiva) y que no puede haber ningún centro presencial abierto”, indicó el ejecutivo de Claro.
Algo similar intentó implementar ayer T-Mobile en cuatro de sus tiendas en la isla, pero el NPPR también las clausuró casi en su totalidad.
“Tratamos de abrir cuatro tiendas ayer y, de nuevo, teníamos un plan trabajado con el Negociado de Telecomunicaciones. No fue que lo hicimos a lo loco. Tres de las cuatro, nos las cerraron y yo no iba a exponer a mis empleados a que se les tratara como si estuvieran haciendo algo ilegal. NO estuvimos (abiertos) ni mediodía”, relató el vicepresidente y gerente
general de T-Mobile en Puerto Rico, Jorge Martel.
Piden que se adopten las definiciones federales
Pero el reclamo de Martel va más allá de las reparaciones, ya que exigió que el gobierno de Puerto Rico preste mejor atención a las guías del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos
(DHS, en inglés), que claramente incluyen a las ventas al detal dentro del servicio esencial de las telecomunicaciones.
“Ahora mismo, hay muchos estudiantes que van a tener que empezar a estudiar virtualmente y van a necesitar tabletas y celulares para aprender, pero, según se está interpretando esa orden (ejecutiva), no nos deja (darle servicio a esa población)”, sentenció Martel.