domingo, septiembre 25, 2022
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El Salvador | Asamblea Legislativa aprobó fondos para crear Policía Nacional de Ciberseguridad

EL Salvador | Eugenia Velásquez 

Con dispensa de trámite la Asamblea oficialista autorizó trasladar $25.1 millones de recaudación de impuestos a la Secretaría de Innovación de la Presidencia de la República, parte de esos recursos servirán para implementar la Policía Nacional de Ciberseguridad.

La propuesta fue aprobada el mismo día que llegó al Congreso cuando éste realizaba plenaria para introducirla a la brevedad y sin mayor discusión fue aprobada por los diputados de la bancada oficialista.

En el dictamen solo se detalla que la Policía cibernética se destacará en las diferentes instituciones del gobierno, “para proteger las infraestructuras críticas de cualquier posible ataque y establecer mecanismos de contingencia”.

Esto va en concordancia también con las reformas al Código Procesal Penal que aprobaron los diputados en febrero de 2022, para crear los “agentes encubiertos digitales”.

Con estas enmiendas la Policía digital puede captar información personal y pública almacenada en cualquier aparato electrónico de cualquier ciudadano cuando investiguen delitos informáticos. Organizaciones de la sociedad civil señalaron que la medida abre las puertas al “espionaje” como un medio de “persecución política”, teniendo de telón la investigación internacional realizada por el laboratorio Citizen especializado en Ciberseguridad de la Universidad de Toronto, de Canadá, que reveló el uso masivo del programa de espionaje Pegasus en contra de periodistas y activistas de derechos humanos salvadoreños.

Meses después el Ejecutivo solicita recursos para crear la Policía Nacional de Ciberseguridad, esta vez dirigido para controlar a quienes trabajan en el aparato estatal.

El jefe de fracción de ARENA, René Portillo Cuadra, aseveró que no tienen mayor información al respecto, que se especula que habrá “control sobre los medios de comunicación y sobre las personas que utilizan el Internet y que puede haber un policía que vigile todo eso”, lo cual consideró que es desproporcionado habiendo otras prioridades en El Salvador.

Otra parte de los $25.1 millones van destinados a financiar el expediente médico único, “que permitirá fortalecer en el área de salud los equipos tecnológicos y servidores en los hospitales públicos y unidades de salud del país, estableciendo un solo sistema de información estandarizado”, señala el decreto aprobado por la Asamblea este 28 de junio de 2022.

Al respecto, el jefe de fracción de ARENA, René Portillo Cuadra, recordó que en el préstamo de $170 millones para la construcción del nuevo Hospital Rosales, ya se contemplaba dinero para ese mismo objetivo.

“Parte de ese préstamo iba destinado para el tema del expediente clínico digital. En el último año de gobierno (FMLN) se aprobó una cantidad de dinero para el mismo destino y hoy otra vez se vuelve a aprobar otro dinero, no sabemos por qué no se han puesto a disposición esos expedientes”, manifestó Portillo Cuadra.

Un tercer destino de los $25.1 millones es para la reducción de la brecha digital, “para la conectividad en centros escolares y otras infraestructuras gubernamentales y así acercar los servicios digitales a toda la población salvadoreña, así como establecer un sistema centralizado de becas a efecto de preparar a todos los ciudadanos en temas de la Cuarta Revolución Industrial”.

Sin embargo, esta es otra área para la cual el gobierno ya había destinado fondos. En noviembre de 2021, los diputados ratificaron un préstamo por $214.7 millones con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), para financiar el programa de reducción de brecha digital en centros escolares de El Salvador.

Al menos ese fue el discurso de los diputados oficialistas, pero de acuerdo a la diputada del partido VAMOS, Claudia Ortiz, el texto del dictamen no explicaba que los fondos fueran a parar a las escuelas como aseguraron en su momento los parlamentarios de Nuevas Ideas. Para la diputada el recurso fue destinado para gasto corriente y no para Educación.

Según Ortiz, el decreto hablaba de trasladar el dinero al Ministerio de Hacienda y no al Ministerio de Educación. “Va a servir para atender transferencias varias y obligaciones generales del Estado, así como atender prioridades estratégicas. Este dinero no dice que irá a educación, como se ha dicho. Estamos hablando de atender otras prioridades estratégicas ¿qué significa eso? ¿una fiesta en la playa, por ejemplo? cuestionó Ortiz en noviembre de 2021 en la plenaria en donde se ratificó la deuda.

Es más, Portillo Cuadra recuerda que en enero de 2022 se destinaron $60 millones más para el cierre de la brecha digital y en el presupuesto del presente año, también se colocaron otros $40 millones para el mismo objetivo.

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