El gobierno de Quintana Roo quiere condicionar a plataformas con impuesto de 2%: riesgos para economía, repartidores, usuarios y turismo

De forma similar a lo sucedido en la Ciudad de México en 2022, Quintana Roo busca implementar un impuesto de 2 por ciento sobre cada viaje o servicio prestado por repartidores y conductores de las plataformas digitales como Rappi y DiDi Food.

Un grupo de diputados y diputadas de Morena presentó una iniciativa de decreto que busca reformar la Ley de Movilidad estatal, con el objetivo de incluir las nuevas formas de transporte que existen en la entidad, como la micromovilidad, el mototaxi y las plataformas tecnológicas.

Aunque la propuesta de porcentaje de aportación es similar al de la Ciudad de México, en el caso de la capital se estableció que el impuesto se debe pagar en relación con las comisiones o tarifas que las plataformas obtienen por cada intermediación o facilitación del servicio de transporte, entrega de productos y mercancías a domicilio y comercio electrónico.

La iniciativa de Quintana Roo incluso va más allá y dispone que el impuesto de 2 por ciento corresponde al valor total de cada viaje, el cual sería recaudado por el Instituto de Movilidad estatal.

La propuesta incluso excede el estándar de 1.5% que se ha planteado en otras entidades. 

El proyecto ya fue aprobado por la Comisión de Movilidad del Congreso de Quintana Roo, pero aún no ha pasado por el Pleno. 

Mientras tanto, en la entidad ha generado una ola de rechazo entre los repartidores y las plataformas digitales.

Los integrantes de los capítulos de Quintana Roo de tres organizaciones, Ni Un Repartidor Menos, Ni Una Repartidora Menos y Nosotrxs, rechazaron la propuesta de reforma, al considerar que viola sus derechos humanos y la Ley Federal del Trabajo.

A través de un comunicado, dijeron que los diputados no tomaron en cuenta las necesidades ni demandas de las personas repartidoras durante la elaboración de la iniciativa, tampoco escucharon las voces de los usuarios, sociedad civil y la academia.

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En lugar del impuesto de 2 por ciento, los grupos pidieron que las autoridades actúen para acabar con la violencia que han sufrido por parte de los transportistas concesionados; que se mejore la luminaria y la infraestructura en las calles; que se refuerce la seguridad en puntos clave de la entidad; que se brinde atención de emergencia oportuna y se eliminen los sindicatos conformados por personas a quienes reconocen como ajenas al sector de repartidores de plataformas.

Alrededor de 150 repartidores de las aplicaciones se manifestaron el lunes 30 de enero afuera del Palacio Municipal de Benito Juárez para mostrar su rechazo a la iniciativa de ley. 

En videos difundidos en redes sociales, se observa que los colaboradores de las plataformas llevaban consigo carteles con consignas como “si no nos dan, que no nos quiten”.

Los riesgos en un contexto de alta inflación

Los repartidores de Quintana Roo temen que el impuesto disminuirá sus ingresos y los obligará a trabajar más horas para obtener el mismo dinero que hoy ganan en menos tiempo, con el fin de poder cubrir sus aportaciones al Instituto de Movilidad. 

Desde su llegada al estado en 2012, las plataformas digitales de transporte y reparto a domicilio han generado nuevas fuentes de ingresos y han representado una alternativa ante el desempleo y la falta de oportunidades laborales, pues en esta ocupación existen menos barreras de entrada.

Se estima que las aplicaciones tecnológicas de movilidad y reparto han sido responsables de 60 del 150 por ciento de crecimiento en la ocupación de repartidor en México durante la última década.

De acuerdo con datos del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), el ingreso promedio de quienes realizan este trabajo se duplicó en ese periodo, mientras que las actividades en otros sectores tuvieron un incremento más modesto de 25 puntos porcentuales.

Si se aprueba el nuevo impuesto en el estado, las y los repartidores prevén que habrá afectaciones para su economía familiar, lo cual también tendrá efectos negativos en los pasajeros, consumidores, comercios y restaurantes que utilizan las plataformas digitales.

La medida fiscal podría desencadenar que haya aumentos en las tarifas que pagan los consumidores finales al viajar por medio de las aplicaciones o realizar un pedido a domicilio, mientras que los establecimientos ―especialmente las pequeñas y medianas empresas― recibirían menos solicitudes de compra y los conductores menos viajes.

El planteamiento de un nuevo impuesto para el sector de la economía colaborativa llega en un mal momento para la economía nacional. 

Los bolsillos de la población aún resienten la llamada “cuesta de enero”, pues en la primera quincena del mes se registró una inflación de 7.94 por ciento.

México comienza el año con una inflación por encima de las expectativas de los analistas, quienes proyectaban un alza de 7.86 puntos porcentuales en el Índice Nacional de Precios al Consumidor, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

Los pequeños comercios de comida, restaurantes, bebidas y tabacos fueron los ámbitos con una mayor subida de precios. Precisamente, se trata de productos relacionados con la economía de las plataformas a la que se busca aplicar el gravamen.

No hay que perder de vista que la propuesta de reforma promovida por los diputados de Morena llega al poco tiempo de que Uber consiguiera un amparo que le permite brindar servicios de movilidad y transporte en Cancún.

A mediados de enero se supo que el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito emitió un fallo que le da la razón a la empresa y concluye que las leyes de transporte actuales de Quintana Roo son inconstitucionales y no pueden aplicarse a Uber.

En ese sentido, el amparo hace hincapié en que las plataformas digitales requieren un nuevo marco regulatorio que reconozca su naturaleza como empresas intermediarias de un servicio de transporte privado

El nuevo impuesto especial que se pretende instaurar se interpreta como una condición para permitir la operación de las plataformas tecnológicas de transporte. 

Los grupos taxistas no recibieron con agrado la resolución. 

Luego de darse a conocer el fallo del tribunal, los gremios taxistas han realizado protestas y bloqueos en distintos puntos de Cancún. Las movilizaciones para frenar las aplicaciones de movilidad han escalado a la violencia, pues se han registrado agresiones contra conductores y usuarios de Uber, afectando la economía local y la imagen turística de la entidad.

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Efectos negativos en el turismo

Quintana Roo, especialmente Cancún, se han distinguido por su dinámica actividad turística. 

La economía de la entidad depende en buena medida del turismo: al Aeropuerto Internacional de Cancún arriba 46 por ciento de los viajeros internacionales; es decir, unos 7 millones 100 mil turistas, cuyo país de origen es, en primer lugar, Estados Unidos.

Pero la animadversión contra las plataformas colaborativas también ha afectado su atractivo turístico. 

La misma semana que se dio a conocer el fallo a favor de Uber, la Embajada de Estados Unidos emitió una alerta de seguridad para la ciudadanía estadounidense que quisiera viajar a Cancún debido a los bloqueos y protestas de taxistas.

“Las disputas pasadas entre estos servicios y los sindicatos de taxis locales ocasionalmente se han vuelto violentas, lo que ha resultado en lesiones a ciudadanos estadounidenses en algunos casos”, señala la alerta.

El rechazo de los taxistas hacia las plataformas de transporte no es nuevo; sucede en muchas ciudades de México, incluida la capital. 

Precisamente, el conflicto con los gremios de taxis ha impedido que, desde hace años, las ciudades cuenten con las aplicaciones tecnológicas para ejercer el derecho a la movilidad.

A medida que crece la aceptación y la preferencia de la ciudadanía hacia las plataformas digitales, el conflicto con los taxistas escala. 

La presión que ejercen los grupos de taxis, cuyas concesiones suelen concentrarse en unas pocas manos, ha generado un entorno hostil para el funcionamiento de las plataformas o cualquier otra oferta.

Quintana Roo se ha caracterizado por ser un estado cerrado a la operación de las plataformas digitales. 

Los viajeros saben que al llegar al aeropuerto de Cancún no tienen la alternativa de pedir que una plataforma los recoja para llevarlos a su destino, por lo que deben contratar un vehículo privado, o pagar el servicio oneroso de taxi o algún otro modo de transporte oficial que suele ser mucho más caro y deficiente.

Las plataformas digitales forman parte del ecosistema de transporte que debería estar disponible y ser de fácil acceso en las ciudades, sobre todo aquellas que, como Cancún, buscan ser referente para el turismo internacional.

La movilidad es un elemento esencial y un derecho, cuyo ejercicio se ve limitado por la prohibición ―legal y artificial― de nuevas modalidades adecuadas y de libre elección, seguras, eficientes y complementarias para que las personas puedan desplazarse.